sábado 13 ago 2022
Salarios

Sin bono de $54 mil: Casino y Judiciales piden no cerrar el diálogo y apelarán el decreto

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Por Facundo La Rosa 18 de enero de 2021 - 00:00

El Gobierno provincial decidió otorgar vía decreto el aumento salarial para los tres sectores con los que no acordó en paritarias. Sin embargo -tal como lo anunciaron hoy Rodolfo Suarez y su ministro de Gobierno, Víctor Ibañez- el incremento del 20% en tres tramos no incluirá la suma fija anual de $54.000 (pagadera en 12 cuotas, no remunerativa ni bonificable) para los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) ni los judiciales.

"No ha habido un reclamo al Gobierno por parte de las entidades gremiales de esos sectores, que rechazaron la propuesta, por lo tanto no están incluidos", justificó el funcionario del gabinete provincial este mediodía.

Continuidad de la discusión

Las entidades gremiales que nuclean al personal de los regímenes que quedaron afuera de ese adicional repudiaron la decisión del Ejecutivo, y reiteraron su pedido para mantener abierta la negociación.

"Independientemente de la actitud extorsiva que han adoptado, seguimos apostando al diálogo a través de la paritaria, como ya lo hemos planteado a través de una nota en la Subsecretaría de Trabajo", expresó Martín Caín, secretario general de UPJCM, en diálogo con Sitio Andino. Tanto ese sindicato como la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, el 30 de diciembre de 2020 presentaron un escrito solicitando una nueva audiencia, que -según denuncian- nunca fue respondido.

El dirigente sindical indicó que la oferta fue plebiscitada "entre todos los y las afiliadas" y rechazada por el 78%. "No fue una decisión de la dirigencia del gremio, sino de los trabajadores", planteó.

Martín Caín, titular de UPJCM (Foto: Cristian Lozano)

Explicó que la situación del personal del Casino de Mendoza "es distinta a la del resto de los estatales", ya que por la composición salarial, la oferta gubernamental "sólo impacta sobre el 50% de los sueldos", entonces configura la mitad de lo que reciben los agentes de otras áreas de la administración pública.

Además, señaló que en 2020 el sector que representa sufrió un recorte salarial del 30%, a raíz de que el Ejecutivo dejó sin efecto dos ítems como consecuencia del cierre de las salas de juego.

En el mismo sentido se expresó Adriana Domínguez, titular del gremio judicial. " La vocación de diálogo de parte del sindicato estuvo siempre, está escrita y firmada, pero de parte del Ejecutivo nunca existió. La perdió desde el día en que se sentó y, ante el planteo de insuficiencia, no ofreció más nada y se levantó unilateralmente de la mesa negociadora", reflejó.

Analizó que la postura del Gobierno "es una medida antidemocrática más, de tantas que le hemos visto, que es correrse de la posibilidad de la discusión paritaria y comenzar con situaciones complejas, operaciones, extorsiones y una actitud más de patrón de estancia que de un poder a quien el pueblo le delegó la administración equitativa del Estado".

Recurso judicial

Si bien la prioridad de los dos espacios es retomar el diálogo, la posibilidad de un cambio de tesitura del Gobierno es muy lejana. En caso de que se publique el decreto de aumento sin el bono anual, ambos dirigentes anticiparon que acudirán a la Justicia.

Adriana Domínguez, secretaria general de los judiciales (Foto: Prensa SUTE)

"No es más ni menos que un caso clarísimo de práctica desleal, que expresamente prohíbe la ley", sostuvo Domínguez. La secretaria general de Judiciales anticipó que, de ser necesario, llevarán el caso a instancias superiores, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, Caín planteó que la implementación por decreto de un aumento "que no refleje la última propuesta salarial realizada en paritarias, se encuadra en un abuso de la posición dominante del Gobierno y en una medida discriminatoria que deberemos recurrir a la Justicia, además de las acciones sindicales que definamos".

"No podemos aceptar que, a través de intimidaciones, extorsiones y amedrentamientos, el Ejecutivo intente naturalizar la imposición como método para discutir salarios", sentenció.

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