En plenario
Todos los miembros de la Corte definirán si Day cumple con los requisitos
Jueves, 2 de julio de 2020
Por: Facundo La Rosa

La jura exprés de Teresa Day no cerró el círculo en cuanto a la legitimidad de su designación como ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La decisión, finalmente, estará a cargo de los restantes seis miembros del máximo tribunal y un séptimo integrante que se definirá a través de la ley de subrogancias, ya que la flamante jueza no podría participar de este acto relevante para el futuro político/judicial de la provincia.

Así lo decidió el titular de la Sala Segunda, Omar Palermo, en una resolución en la cual convoca a "tribunal plenario", que deberá responder la pregunta "¿Cómo y con qué alcances debe interpretarse el inciso 3 del art. 152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión?".

Omar Palermo (Foto: Axel Lloret)

Ese apartado de la carta magna es el que generó el conflicto entre oficialismo y oposición respecto a si la ex coordinadora del Ministerio Público Fiscal cumple con los diez años de ejercicio de la profesión de abogacía.

El documento que firmó Palermo es la respuesta formal al planteo de inconstitucionalidad presentado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero en definitiva su alcance zanjará todos los recursos presentados por legisladores opositores, que exigían que sea la Corte la que determine el criterio interpretativo de los requisitos constitucionales.

El juez supremo fundamenta su medida en base al interés público y la trascendencia institucional que tomó el caso Day, lo cual requiere "una urgente resolución porque (...) es de gran prioridad para la sociedad mendocina".

La convocatoria a tribunal plenario tiene incluso mayor efecto que la resolución en pleno de la Corte, ya que no sólo resuelve el caso concreto (si Day cumple o no con lo estipulado en el artículo 152), sino que sienta un precedente hacia adelante respecto a la interpretación que le cabe al inciso en cuestión, lo cual afectará todos los concursos de ingreso a la magistratura de aquí en adelante.

Teresa Day ya juró el cargo de ministra de la Corte

Asimismo, Palermo infiere que las recusaciones interpuestas a los miembros de la Sala Segunda no poseen "argumentos manifiestamente válidos que autoricen a apartarse del principio de que debe ser esta Corte quien resuelva", y sólo "demuestran escasa vocación por facilitar al Tribunal una rápida resolución, tal como la situación de extrema gravedad institucional lo amerita".

Por otra parte, se llama a una audiencia pública (no vinculante) para el 30 de julio, a las 9, "a los fines de que toda persona que tenga un interés, comparezca, sea oída y exprese opinión fundada sobre la cuestión a decidir". De este modo, abre el juego a la ciudadanía para participar de un debate que ya sobrepasó los tires y aflojes "comunes" en cada postulación de un juez supremo.

En principio, la audiencia sería presidida por Julio Gómez, actual presidente (interino) del máximo tribunal, cuyo mandato vence en septiembre. El juez podría habilitar la incorporación de los denominados "amicus curiae", que tienen la función de aportar mayor información al proceso fuera del "monopolio" que tienen las partes, fundamentalmente en las causas donde existe un interés público que va más allá de quien acciona y el demandado.

El séptimo juez

En cuanto a quién ocupará el séptimo lugar que asegure el número impar para resolver en plenario, teniendo en cuenta que Day debería excusarse y que Jorge Nanclares ya renunció al cargo, se deberá resolver vía conjueces según lo determina la ley de subrogancias.

En estos casos, las vacantes se completan con los jueces de la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil. Se supone, entonces, que el lugar sería ocupado o por Alejandra Orbelli o por Marina Isuani.

Quien vote junto a los seis jueces supremos podría obtener un lugar preponderante en la definición, ya que no se descarta un escenario de empate en los sufragios de los ministros. En ese caso, la persona subrogante sería quien incline la balanza hacia un lado u otro.

La resolución de Palermo

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