Diputados provinciales oficialistas presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para sancionar a personas que generen o difundan "fake news". La iniciativa plantea incluir estas acciones en el Código de Contravenciones y establece como sanciones multas económicas, días de arresto o trabajo comunitario.
La propuesta surge en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en donde es clave la circulación de información confiable y fidedigna. Los impulsores son el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y la presidenta del bloque de la UCR en la Cámara Baja, Cecilia Rodríguez.
En diálogo con el programa "Nada Simple" de Radio Andina 90.1, el diputado Lombardi explicó que el proyecto se comenzó a elaborar luego de que la Legislatura organizara un jornada sobre coronavirus y se planteara en uno de los paneles "los temores de la circulación de noticias falsas, que conocemos como fake news".
Indicó que este fenómeno "termina provocando una situación de temor en la sociedad, generan cierto desorden público y atentan contra lo que para toda la sociedad es tan importante como acceder a la información y que sea fidedigna".
En este sentido resaltó que "la sociedad necesita tener acceso a la información, tiene derecho de expresión pero también estos derechos tienen que ir acompañados de la responsabilidad".
"Lo que se busca en el fondo es incluir en el Código Contravencional a aquellas personas que a sabiendas generen, difundan o publiquen informaciones falsas", señaló el legislador y remarcó que "quedará en los jueces contravencionales meriturar si es a sabiendas o si es un error involuntario de la pesona".
Afirmó que han hecho hincapié en las publicaciones en redes sociales y en los servicios de mensajería instantánea y reiteró que "estamos focalizados en los mensajes y en las noticias falsas que están construidas a sabiendas"
Respecto de las sanciones para quienes incurrieran en la generación o difusión de "fake news", Lombardi expresó que plantearon tres tipos de sanciones: "Multas que pueden llegar hasta $50.000; la posibilidad de un arresto de 5 a 20 días; y en el caso que la infracción sea llevada adelante por algún dirigente social, político o profesional que tenga cierto grado de representación, se incorpora la posibilidad de realizar trabajo comunitario entre 10 y 30 días".
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