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El proyecto le viene como anillo al dedo al gobernador Francisco Pérez, que el mes pasado se enmarcó dentro del Acuerdo Federal Minero que habilita a constituir empresas públicas mineras provinciales, y crear agencias de desarrollo locales, además de ir en sintonía con la postura de la presidenta Cristina Fernández.
Sin embargo la iniciativa de Ortigala seguramente no quedará fuera de la polémica y de la resistencia ambiental. Por nombrar solo un caso, hay que recordar el malestar que causó en la sociedad la intención de la minera San Jorge de extraer oro y cobre en Uspallata.
Pero el legislador es optimista y plantea una serie de cuestiones por las que Mendoza debe aprobar ese proyecto: por un lado explicó que todos los recursos, tanto el agua, la energía, el petróleo siguen siendo de los mendocinos y no de los extranjeros como piensa la mayoría de los ciudadanos. Por otra parte explicó que los recursos que se obtengan de la actividad minera servirán para mejorar los oasis y la calidad de vida de la población. Para el legislador los recursos que deja la actividad sirven para mejorar el campo, el riego, para la malla antigranizo. Mejorar los oasis con dinero de la minería. "Ninguna actividad debe contaminar y para eso el Estado debe ejercer los controles necesarios"´, agregó.
El proyecto prevé la creación de una empresa minera administrada por el Estado provincial con paquete accionario del gobierno provincial y los municipios, y además podrá asociarse con otras empresas que pretendan explotar yacimientos en la provincia.

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