Tres jóvenes asesinados en hechos de inseguridad, una masiva marcha y un petitorio fueron los hechos que impulsaron al gobernador Francisco Pérez a reunirse con el procurador de la Suprema Corte y entre ambos poderes reforzar la política criminal.
La cita se realizó esta mañana en Casa de Gobierno, y además de Pérez y el jefe de fiscales, Rodolfo González, estuvieron presentes el vicegobernador, Carlos Ciurca, el ministro de Gobierno, Félix González y el de Seguridad, Carlos Aranda.
Lo que buscamos es una articulación entre los tres poderes y una profundización de la política criminal, por eso apuntamos a la modernización tecnológica y a la profesionalización del personal, explicó el Gobernador en conferencia de prensa.
Las medidas que se intentarán llevar adelante -algunas requieren mayor presupuesto y otras la modificación de leyes- se encaminaron a cumplir con el petitorio entregado el pasado martes por Osvaldo Quiroga, el padre de Matías, en la marcha por el pedido de Justicia.
Por esto, tanto Pérez como Rodríguez pusieron la lupa en reformular la norma que contemplan los beneficios carcelarios, tales como las salidas transitorias. Tema por demás álgido, si se tiene en cuenta que el principal sospechoso de la muerte de Matías Quiroga es un interno que gozaba de este beneficio y decidió no regresar al penal.
En esta línea, si bien para el procurador de la Suprema Corte en el caso puntual de Quiroga no ha fallado nada en el Código Procesal Penal, si se buscaría endurecer los beneficios carcelarios.
Respecto a las modificaciones, tanto del Ejecutivo como del Judicial propusieron que los informes del Organismo Técnico Criminológico -aquellos que indican si un preso está en condiciones psicológicas de salir de prisión- sean vinculantes con la decisión del juez de ejecución penal.
Otra de las medidas que están en la agenda de la política criminal de Pérez es la creación de la Policía Judicial. Esta figura requerirá de inversión tecnológica y contaría, en principio, con el mismo personal judicial. Esta división policial dependerá del procurador y tendrá entre sus funciones desde la recepción de las denuncias hasta el manejo de tecnología.
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También se propuso que cada juzgado de Ejecución Penal tenga un fiscal y la conformación de una comisión -tal como sugirió Quiroga- con el objetivo de revisar las leyes, y la más que publicitada medida para dar a conocer el nombre y el cargo de cada uno de los miembros del fuero judicial, los mismos que ya figuran en la web de ese Poder.
No hay respuestas aisladas, vamos a trabajar en conjunto con los familiares de las víctimas, sostuvo Pérez aunque evitó hablar de presupuesto y de cargos, aunque indicó que las medidas se concretarían a lo largo de este año.
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