El gobernador Alfredo Cornejo promulgó la ley que modifica el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad y que obliga a los presos condenados a trabajar en la cárcel. Lo hizo a través del decreto nº 699 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma fue aprobada por la Legislatura con un amplio consenso entre el oficialismo y gran parte de la oposición.
La iniciativa había sido anunciada por el mandatario provincial durante su discurso anual ante la asamblea legislativa en el 1 de mayo. El proyecto tuvo un tratamiento fugaz en la Casa de las Leyes, ya que ingresó el 2 de mayo y consiguió la sanción definitiva el 10 de mayo.
Esta nueva ley establece la obligatoriedad de los presos con condena de Mendoza de trabajar para poder acceder a ciertos beneficios, como la prisión domiciliaria o salidas transitorias. Actualmente sólo el 20% de los 2.400 reclusos de la provincia trabajan y, la gran mayoría, lo hacen en la informalidad.
Los presos deberán pagar con parte de su salario la alimentación y el alojamiento que reciben dentro del penal. Además, por ejemplo, si algún detenido realiza algún acto de vandalismo contra las instalaciones carcelarias, los costos por su reparación serán descontados del sueldo.
A su vez, la norma incluye la participación de la víctima del delito o sus familiares en el seguimiento del proceso de ejecución de la pena del condenado. Esto quiere decir que el juez de ejecución que tenga que decidir un beneficio para un reo deberá tener en cuenta la opinión del lado de la víctima y esta será informada sobre los requerimientos del delincuente.
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