El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes que enviará un proyecto de ley para "obligar" a los presos condenados a trabajar durante su estadía en las cárceles de Mendoza. El juez de ejecución penal de la provincia, Sebastián Sarmiento, celebró que el tema se instale en la agenda pero advirtió que si la propuesta no tiene prevista una importante inversión, no se podrá aplicar.
El magistrado explicó que actualmente hay 4.600 internos en la provincia de los cuales menos de 1.000 trabajan. Indicó que los talleres en los penales son muy pequeños. "La población aumentó el doble y un taller que estaba pensado para una determinada población quedó chico", sostuvo.
Manifestó que "hay mucha voluntad de los internos para trabajar" pero la realidad arroja que no hay tantos cupos laborales para que todos los presos trabajen.
"Resalto que un gobernador ponga en agenda un tema que no está en agenda, que es el trabajo dentro de las cárceles. Espero que el proyecto tenga contemplada la inversión. Analizándolo operativamente, si ese proyecto no tiene contemplado una fuerte inversión no se va a poder aplicar", expresó Sarmiento.
Por otra parte, el juez aclaró que más allá del texto de la ley, no se puede obligar a un preso a trabajar, lo que sí se puede hacer es que el hecho de que no trabaje tenga consecuencias.
"Actualmente es una baja en su calificación. Cada interno es calificado cada 3 meses por su desempeño en la cárcel y si no trabaja se le baja la calificación. Un interno que no haya demostrado ningún compromiso para mejorar su situación difícilmente uno lo autorice para un beneficio (como libertad condicional o prisión doimiciliaria)", señaló.
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