Por las protestas

Perú: habilitan la intervención militar

Con el objetivo de preservar el orden público, cuatro departamentos de Perú permanecerán 30 días bajo el control de la Policía y el Ejército.

Perú decretó el estado de emergencia a partir de este lunes y por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, medida que autoriza a los militares a intervenir junto a la policía frente a las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que en cinco semanas causaron al menos 42 muertes. No obstante, se mantenía cerca de un centenar de bloqueos de rutas en 10 de las 24 regiones del país.

La medida contempla que "la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas", según el decreto del Poder Ejecutivo publicado por la gaceta oficial cerca de esta medianoche, según las agencias de noticias Andina y Europa Press.

Gobierno de Perú decreta estado de emergencia de cuatro provincias

Además, suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.

La decisión gubernamental se produce cuando se anuncian movilizaciones desde el sur de Perú hacia la capital peruana a partir de mañana, una acción que las autoridades califican de intento de desestabilizar a Boluarte.

Sin embargo, pese a la entrada en vigencia de esas medidas excepcionales, persistían 99 cortes de rutas en 10 de los 24 departamentos regionales del país, según la agencia AFP.

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte sucedió a Pedro Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.

Las protestas dejaron hasta el momento 42 muertos (41 civiles y un policía), además de los decesos de siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, de acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo.

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero los manifestantes exigen la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Parlamento a través de un adelanto de elecciones generales y, en algunos casos, la libertad de Castillo, detenido en prisión preventiva acusado de rebelión, entre otros delitos.

Fuente: Télam

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