El Congreso de Perú aprobó una controversial reforma.
El gobierno y el Congreso de Perú, hundidos en una grave crisis de impopularidad, sumaron en los últimos días otro motivo de malestar ciudadano, al aprobar una polémica reforma que disminuye el tiempo de prescripción de algunos delitos, lo que según expertos favorece a acusados de corrupción.
El diario La República documentó hoy que expertos del Poder Judicial y la Fiscalía se pronunciaron en su momento contra el proyecto, tildado de “ley de impunidad”, pese a lo cual el parlamento lo aprobó por amplia mayoría y el Ejecutivo lo promulgó sin observaciones.
El presidente del Legislativo, José Williams, admitió que es “muy probable” que acusados de corrupción se beneficien, pero sostuvo que se apunta a forzar al Poder Judicial y a la Justicia a que sean más ágiles.
“Esto debe servir para poder acelerar los tiempos, es un llamado definitivo a que la justicia tiene que ser oportuna”, argumentó Williams, miembro de la derecha radical que controla el Congreso y que se convirtió en aliada de la presidenta Dina Boluarte.
La ley, que avanzó en voz baja en el Congreso y entró en vigencia el viernes, establece que varios delitos relacionados con corrupción y que básicamente generan penas de cárcel no mayores de cuatro años prescribirán hasta en un año.
Hasta ahora, la prescripción equivalía a una vez y media de la pena de prisión solicitada por la Fiscalía. Así, por ejemplo, si se pedían cuatro años, el plazo era de seis años.
Entre las figuras afectadas con el cambio están peculado, malversación de fondos, patrocinio ilegal, encubrimiento real, omisión de denuncia, abuso de autoridad, desacato, falsedad genérica y negociación incompatible.
La justicia peruana suele avanzar lento por la acumulación de casos y situaciones específicas como la tardanza para detectarse potenciales delitos y las acciones dilatorias de los defensores.
Por ahora, coinciden los expertos, la medida no beneficiará a quienes afronten penas más grandes. Por ejemplo, si la pena solicitada es de 20 años, la prescripción se mantiene en 30 años.
Entre los potenciales beneficiados figuran, según los expertos, los integrantes de “Los Cuellos Blancos”, banda formada por jueces, fiscales, abogados defensores y otros operadores que negociaban con fallos y resoluciones.
Ese caso, destapado en 2018 y convertido en quizás el mayor escándalo en el espacio judicial en los últimos años, involucra a figuras de primera línea del sector, como el ex fiscal general Pedro Chávarry, pero avanza lentamente en los tribunales.
El exjuez César Hinostroza, señalado como jefe de “Los Cuellos Blancos”, está actualmente en España, desde donde, tras varios años en la clandestinidad, enfrenta los trámites de extradición.
Otros potenciales beneficiados, según investigaciones de prensa, son exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente que nombraba, vigilaba y sancionaba a jueces y fiscales. El CNM cayó en tal corrupción que se decidió disolverlo y reemplazarlo por la actual Junta Nacional de Justicia.
La modificación de plazos fue aprobada en el Congreso con 88 votos contra 12. Entre los votantes a favor no solo hubo miembros de los partidos de derecha, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, sino de izquierda, como Perú Libre y Bloque Magisterial, y centroderecha, como Acción Popular y Alianza Para el Progreso.
La legisladora de izquierda Ruth Luque planteó un recurso de reconsideración el mismo viernes, pero fue derrotada con 88 votos de los 106 parlamentarios presentes.
Lo acontecido se suma a una larga serie de acciones protagonizadas en las últimas semanas por el Congreso, que según las encuestas es rechazado por más de 90 % de la ciudadanía, y que en varios casos fueron aprobadas sin revisión por el Ejecutivo.
Fuente: Télam