Juan Bautista Mahiques pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y la UIF, entre otros organismos. Uno de ellos había reclamado veedores para la AFA.
El nuevo funcionario movió piezas en su cartera.
Foto: NAA pocas horas de asumir como ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques inició una fuerte reestructuración en la cartera y pidió la renuncia a varios funcionarios políticos, entre ellos los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El funcionario explicó que la decisión responde a la necesidad de armar su propio equipo de trabajo tras reemplazar a Mariano Cúneo Libarona al frente del ministerio.
“Hice cambios, llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo”, afirmó Mahiques en una entrevista televisiva.
Según indicaron desde el Gobierno, la medida también alcanza a otras dependencias vinculadas al sistema de control institucional del Estado, que dependen de la cartera de Justicia.
La solicitud de renuncia incluye a los responsables de varios organismos clave dentro del esquema institucional del Estado.
Entre ellos se encuentran:
Inspección General de Justicia (IGJ), encargada de supervisar sociedades y asociaciones civiles.
Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga operaciones vinculadas al lavado de dinero.
Oficina Anticorrupción (OA).
Oficina de Bienes Recuperados.
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
El ministro aclaró que las dimisiones todavía no se hicieron efectivas, ya que se trata de una solicitud formal para luego definir si se aceptan o no.
“Son funcionarios que pone la política o el ministro y, cuando el ministro se va, se tienen que ir”, explicó.
Uno de los cambios más sensibles es el del titular de la IGJ, Daniel Vítolo, quien había ganado visibilidad en los últimos meses por su rol en la embestida judicial del Gobierno contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Desde ese organismo se había impulsado la posibilidad de designar veedores para auditar el funcionamiento de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de cuestionamientos sobre su estructura administrativa.
Antes de dejar el cargo, la IGJ había solicitado al Ministerio de Justicia que habilitara la intervención con veedores, una medida que ahora deberá evaluar el propio Mahiques.
El nuevo ministro confirmó que ya analiza “dos o tres nombres” para reemplazar a Vítolo en ese puesto clave.
En paralelo a los cambios, Sebastián Amerio —quien se desempeñaba como viceministro de Justicia— será designado al frente de la Procuración del Tesoro.
Amerio es considerado un dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, aunque fue desplazado de la estructura ministerial tras la llegada de Mahiques.
A pesar de la salida de Vítolo, en la Casa Rosada aseguraron que la postura del Gobierno respecto de la AFA no cambiará.
El propio Mahiques confirmó que pedirá el expediente para analizar el pedido de veedores, aunque dejó en claro que evaluará la documentación antes de tomar una decisión.
“Está activado el tema, está el expediente en el Ministerio de Justicia. Pedí que lo saquen para estudiarlo el fin de semana y después evaluaré cuándo se está en condiciones de mandar veedores para que hagan su trabajo”, explicó.
Durante la entrevista, el ministro también reconoció conocer socialmente a dirigentes vinculados al fútbol, entre ellos Claudio Tapia y Pablo Toviggino, aunque negó tener una relación de amistad.
Según explicó, el contacto se remonta a su etapa como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cuando impulsó la creación de la Fiscalía de Espectáculos Masivos para investigar la violencia en los estadios.
Mahiques también adelantó algunos de los temas que deberá abordar en su gestión. Entre ellos mencionó la cobertura de vacantes en tribunales inferiores, aunque aclaró que no es prioridad inmediata del Gobierno ampliar la Corte Suprema.
Además, reconoció que uno de los principales desafíos será la implementación del nuevo régimen penal juvenil, recientemente aprobado por el Congreso, que reduce la edad de imputabilidad.
El ministro admitió que el Estado deberá definir dónde serán alojados los menores de 14 años detenidos, lo que implicará coordinar políticas con otras áreas del Gobierno.
“Hay que trabajar en conjunto con Capital Humano, Seguridad y Justicia. Hay que tener infraestructura y no tenemos tanto tiempo”, sostuvo.
Fuentes: TN y La Nación