El jefe de Gabinete redobló críticas a Franco Bindi tras la denuncia oficial por una supuesta operación de inteligencia ilegal. La respuesta de Pagano.
El funcionario nacional volvió a apuntar contra el abogado y pareja de la diputada nacional
Foto: Jefatura de GabineteEl jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a apuntar contra Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada Marcela Pagano, señalado por el Gobierno en la denuncia judicial por la filtración de audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Diego Spagnuolo, por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Francos reaccionó a las declaraciones de Gisella Robles, quien asegura ser expareja y socia de Bindi, y afirmó “no tener dudas de que participó” en el esquema de grabaciones.
Frente a esa versión, el jefe de ministros ironizó: “La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa…”, y agregó que el abogado tiene vínculos con “agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo”.
La diputada Marcela Pagano salió al cruce en redes sociales y apuntó contra el Gobierno: “Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicópata al mejor estilo Bebé Reno… Son un meme con patas”, escribió.
Pagano también acusó al Ejecutivo de usar el caso para tapar causas de corrupción, al señalar: “¿Qué le parece si hablamos de corrupción? ¿Se la llevaron del ANDIS sí o no?”.
Por su parte, Bindi negó los dichos de Robles y aseguró: “Jamás fue mi pareja. No hablo con ella hace años, por mi decisión. Por eso actúa como una psicópata al mejor estilo Bebé Reno”.
En medio de la polémica, Pagano apuntó contra el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, a quien vinculó con la maniobra: “Muchachos, se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados”.
El lunes, el Ejecutivo presentó una denuncia en la Justicia federal por una supuesta “operación de inteligencia ilegal” que, según el escrito, buscó “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
La presentación, impulsada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, quedó radicada en el juzgado federal N.º 10. Allí se sostiene que la filtración de los audios constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de la democracia”, en el marco de una operación prohibida por la Ley 25.520.
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