Mendoza impulsa un nuevo esquema administrativo para agilizar proyectos metalíferos en Las Heras. Se basa en el Distrito Minero Occidental de Malargüe, con evaluación ambiental por bloques. La iniciativa busca ordenar casi 4.000 km² con potencial de cobre y oro, abordando conflictos preexistentes.
Antigua mina de Paramillos. En la zona existen indicios geológicos de depósitos de cobre y oro.
El Gobierno de Mendoza prepara el envío a la Legislatura de un proyecto clave para fortalecer su estrategia para el avance de la minería: la creación del denominado Distrito Minero Norte, un esquema administrativo y técnico que busca ordenar, evaluar y acelerar el desarrollo de proyectos metalíferos en el departamento de Las Heras.
La iniciativa replica el modelo ya aplicado en el sur provincial con el Malargüe Distrito Minero Occidental, que permitió avanzar en aprobaciones legislativas de manera más ágil mediante un sistema de tratamiento de varios expedientes de evaluación ambiental en simultáneo. En este caso, el foco estará puesto en una de las zonas con gran potencial geológico de la provincia, particularmente en cobre y oro.
El nuevo distrito se inscribe en una planificación más amplia del Ejecutivo, que busca posicionar a Mendoza dentro del mapa de inversiones mineras, con herramientas que reduzcan la incertidumbre y los tiempos administrativos, pero también con una mirada territorial que ordene conflictos preexistentes.
El eje central del Distrito Minero Norte es la implementación de una evaluación ambiental por bloques. En lugar de analizar cada proyecto de manera aislada, se construirá una línea de base ambiental y geológica común para todo el polígono.
Esto permitirá que, una vez aprobada esa base general, los proyectos individuales puedan avanzar con estudios específicos, reduciendo significativamente los plazos de análisis y tratamiento legislativo.
La experiencia reciente en Malargüe mostró que este esquema puede destrabar procesos que históricamente fueron más lentos. Allí, el Gobierno logró avanzar con múltiples iniciativas bajo una misma lógica técnica y administrativa, consolidando un modelo que ahora busca replicar en el norte provincial.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó en Aconcagua Radio que el objetivo es “construir la primera línea de base ambiental y geológica, levantar información para comprender cuál es el potencial real del área y, a partir de eso, avanzar con las declaraciones de impacto ambiental de cada proyecto”.
El Distrito Minero Norte abarcará una superficie cercana a los 3.914 kilómetros cuadrados, en una zona estratégica del departamento de Las Heras. Según los registros catastrales, el área incluye alrededor de 140 propiedades mineras, aunque esto no implica la existencia de igual cantidad de proyectos.
El relevamiento inicial permitirá ordenar ese universo de derechos mineros, identificar superposiciones y definir cuáles tienen viabilidad técnica y ambiental.
Para llevar adelante este proceso, la empresa estatal Impulsa Mendoza adjudicó la elaboración del Informe de Impacto Ambiental integral a la consultora internacional Knight Piésold, con una propuesta técnica cercana a los 300.000 dólares.
El trabajo incluirá la construcción de una línea de base ambiental de alcance regional, complementada con informes específicos para cada iniciativa. Este enfoque busca reducir la fragmentación de estudios y dotar de mayor coherencia a la evaluación de proyectos.
Desde el punto de vista territorial, el distrito se organiza en dos sectores principales que concentran el interés geológico y la complejidad del área.
Por un lado, el sector occidental está vinculado al entorno del proyecto San Jorge (PSJ), el emprendimiento metalífero más avanzado de la provincia, que ya cuenta con recursos definidos y una Declaración de Impacto Ambiental aprobada.
Por otro, el sector oriental corresponde a la zona de Paramillos, donde se concentra tanto el mayor interés geológico como los principales conflictos judiciales.
Esta dualidad refleja uno de los desafíos centrales del Distrito Minero Norte: avanzar en el desarrollo de recursos en un territorio donde conviven antecedentes de exploración, derechos mineros activos y disputas legales de larga data.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para impulsar este esquema es el potencial geológico de la zona.
Según información del SEGEMAR y antecedentes de campañas anteriores, el área presenta características similares a otros grandes yacimientos andinos.
En particular, se trata de sistemas tipo pórfido, asociados a depósitos de cobre y oro de gran escala. La proximidad geológica con regiones de Chile donde existen explotaciones de relevancia refuerza las expectativas sobre el norte mendocino.
“Se cree que es una zona con buen potencial. Hay información geológica previa y registros de exploraciones que permiten suponer que podría haber depósitos importantes, incluso comparables con los del otro lado de la cordillera”, explicó Latorre.
Los primeros resultados de la línea de base ambiental y geológica se esperan para 2026, lo que marcará el punto de partida para definir proyectos concretos dentro del distrito.
La ministra aclaró que el nuevo distrito minero está "en una etapa muy primigenia, que es construir una base de datos ambiental y geológica”.
Más allá de las variables técnicas, el desarrollo del Distrito Minero Norte está atravesado por una dimensión jurídica clave: el conflicto en la zona de Paramillos, que lleva más de dos décadas.
El reciente rechazo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza al pedido de acumulación de causas presentado por Aguas Danone de Argentina S.A. fue interpretado por el Gobierno como un avance significativo. Si bien no resuelve el fondo del conflicto, permite destrabar un obstáculo procesal que venía frenando la actividad.
La empresa, vinculada a la marca Villavicencio, ha mantenido una estrategia judicial sostenida para impedir el avance de proyectos mineros en terrenos de su propiedad superficial, particularmente en lo referido a servidumbres.
El origen del conflicto se remonta a la adquisición, en 2001, de 23 derechos mineros en la zona de Las Heras, que incluyen permisos de exploración y minas en áreas como Estancia Canota y Paramillos.
A lo largo de los años, se sucedieron denuncias de abandono, incumplimientos en declaraciones de inversión y múltiples recursos administrativos y judiciales que mantienen abiertos los expedientes.
En paralelo, intentos de avanzar con exploraciones por parte de otras empresas fueron frenados por amparos judiciales y la aplicación del principio precautorio.
En este contexto, la creación del Distrito Minero Norte no solo responde a una estrategia productiva, sino también a una necesidad de ordenamiento territorial e institucional.
El esquema permitirá mapear con mayor precisión los derechos existentes, definir zonas de conflicto y establecer condiciones claras para el desarrollo de proyectos.
La experiencia de Malargüe mostró que una planificación previa puede reducir significativamente los litigios posteriores. En el norte, en cambio, esos conflictos ya están presentes, lo que obliga a integrar la variable jurídica desde el diseño inicial.
Uno de los aspectos destacados del distrito es la exclusión explícita de la zona de reserva de Villavicencio, dejando fuera del alcance minero las propiedades ubicadas en ese polígono.
