El Gobierno de Javier Milei intensifica la actividad política antes del receso legislativo mientras impulsa reformas económicas, tributarias y de desregulación.
Javier Milei con los legisladores propios. Objetivo recuperar la agenda política.
Foto: Presidencia
La antesala del receso invernal porteño y bonaerense encuentra al Gobierno nacional volcado de lleno a la construcción política. Javier Milei encabezará durante toda la semana una ronda de reuniones con diputados, senadores, gobernadores y dirigentes de La Libertad Avanza, en un movimiento que en Balcarce 50 leen como el puntapié inicial de la campaña por la reelección.
El primer capítulo se abrió este lunes, cuando el Presidente convocó a legisladores propios para repasar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que el Ejecutivo prevé remitir en las próximas semanas al Congreso.
La foto del lunes también incluyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien recibió al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, uno de los aliados que en 2025 despejaron el camino violeta en su provincia al no competir en las legislativas. Hoy martes, la Mesa Política se reunirá para coordinar la estrategia de las próximas semanas y el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá su habitual conferencia de prensa. El jueves será el turno de Karina Milei, que recibirá en Casa Rosada a los legisladores libertarios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en momentos en que el oficialismo debe rearmar sus fichas porteñas tras la salida de Manuel Adorni. Pilar Ramírez asoma como una de las apuestas de la secretaria general, aunque todavía carga con un déficit de conocimiento entre el electorado capitalino, terreno que Jorge Macri pretende capitalizar en busca de su reelección al frente de la Ciudad.
La actividad legislativa tendrá su cierre el jueves, cuando la Cámara alta sesione por última vez antes de las vacaciones parlamentarias. El temario principal girará en torno al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el oficialismo modificó tras negociar con los bloques dialoguistas e incorpora cambios sobre usurpaciones y desalojos, con impacto en el Código Civil y Comercial, el Código Procesal y la legislación registral. La sesión también incluirá el tratamiento de 28 pliegos judiciales con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. Quedaron afuera, en cambio, la denominada Ley Hojarasca y la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada, que no lograron reunir los consensos necesarios.
Detrás de la agenda política se cuela un dato que pasó relativamente inadvertido en la última revisión del programa con el FMI: el organismo ya trazó un primer bosquejo de la reforma tributaria que Argentina deberá encarar de cara a 2027, año en que se combinan el ancla fiscal, la acumulación de reservas y los vencimientos de deuda. El contexto no es menor: la recaudación de mayo creció apenas 1,5% interanual en términos reales, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año cae casi 5% respecto de igual período de 2025.
El primer frente es Ganancias. El organismo considera baja la recaudación argentina por este tributo en la comparación internacional y propone que vuelva a alcanzar al 20% de los trabajadores formales, nivel similar al de 2019. Hoy paga cerca del 14%, un millón de asalariados. Llegar a esa meta exigiría bajar el piso a un salario bruto de $2.400.000, apenas 30% por encima de la Canasta Básica Total, lo que correría el impuesto hacia franjas medias y no solamente hacia los sueldos más altos. Una definición semejante, cerca del calendario electoral de 2027, tendría un costo político considerable para un Presidente que suele presentarse como adversario de la carga tributaria.
El segundo blanco es el Monotributo. El Fondo reconoce sus virtudes para formalizar trabajadores, pero objeta que su carga efectiva resulta muy inferior a la del régimen general y propone equipararla. La recaudación actual del régimen simplificado equivale a 0,14% del PBI, contra un potencial estimado de 1%, casi siete veces más. Como las categorías A, B, C y D concentran el 78,4% de los aportantes, el ajuste difícilmente pueda recaer solo sobre las categorías más altas.
El menú se completa con una reducción de exenciones en el IVA, compensada con ayudas focalizadas para los sectores más vulnerables, y con una suba de impuestos internos sobre combustibles y tabaco, que podría aportar 0,5% del PBI. Consciente del impacto inflacionario, el Gobierno ya postergó hasta julio de 2026 la aplicación plena de los incrementos pendientes sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono.
La contracara de este esquema es la baja o los beneficios que el propio Ejecutivo otorgó en Bienes Personales, derechos de exportación, blanqueos y el régimen de estabilidad fiscal del RIGI, una tensión que promete marcar el debate tributario de los próximos meses.
Mientras tanto, el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, avanza, en paralelo, con un paquete de tres iniciativas que buscará ingresar al Congreso antes del receso: una reforma del mercado de capitales, una desregulación del sector inmobiliario y una modificación integral del régimen de cabotaje y la Marina Mercante. En capitales, el objetivo es que las pymes puedan emitir deuda o acciones por debajo de los u$s 140 millones sin autorización previa de la Comisión Nacional de Valores, que ya bajó de 350.000 a 200.000 UVA el piso patrimonial para ser considerado inversor calificado. En inmuebles, el proyecto apunta a eliminar la matrícula obligatoria y liberar los honorarios de los corredores, con el rechazo de los colegios profesionales. En cabotaje, busca reducir costos logísticos y facilitar el ingreso de operadores extranjeros, en un terreno donde ya cosechó un traspié: el Congreso rechazó en 2025 el DNU que había flexibilizado el régimen por decreto.
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