Mientras el Gobierno de Javier Milei concentra su estrategia en la estabilización financiera y el orden fiscal, los indicadores sociales y financieros de cierre de año muestran una cara frágil de la economía argentina. La caída sostenida de los ingresos reales, el avance del endeudamiento de los hogares y un récord histórico de morosidad configuran un cuadro de vulnerabilidad que afecta con especial intensidad a los jubilados y a los sectores medios, presionados por el aumento de los costos fijos y la ausencia de mecanismos de compensación efectivos.
Así lo revela el último trabajo del Instituto Argentina Grande, difundido en las últimas horas, que traza el balance de la economía real en base los datos y estadísticas de los organismos oficiales
Los datos más recientes muestran que el proceso de ajuste no impacta de manera homogénea. La inflación, que acumula un 27,4% en el año y volvió a acelerarse en noviembre hasta un ritmo mensual del 2,5%, erosiona con mayor fuerza a quienes dependen de ingresos fijos. Jubilaciones, salarios formales e ingresos de la clase media enfrentan aumentos de precios concentrados en rubros inelásticos, como servicios públicos, transporte, salud y medicamentos, que limitan cualquier margen de adaptación del consumo.
El deterioro de las jubilaciones
El deterioro de las jubilaciones constituye uno de los aspectos más sensibles del escenario actual. En noviembre de 2025, la jubilación mínima se ubicó en 333.085 pesos. Medida a precios constantes y comparada con el promedio de 2023, esa cifra representa una caída real del 9,3%. El retroceso es aún más pronunciado para quienes perciben el haber mínimo con bono: al mantenerse congelado el refuerzo extraordinario en términos nominales desde el inicio de la actual gestión, el ingreso total sufrió un desplome real del 15,5% frente a los niveles que ese mismo haber representaba dos años atrás.
La pérdida de poder adquisitivo coloca a los adultos mayores en una situación de extrema vulnerabilidad. El impacto se agrava al considerar el peso creciente del gasto en medicamentos, un componente del consumo que no admite sustituciones ni postergaciones. En un contexto de recomposición de precios relativos, el ajuste recae con mayor intensidad sobre un sector que carece de herramientas para compensar la licuación de sus ingresos.
Endeudamiento creciente de los hogares
La caída de los ingresos no se expresa únicamente en el consumo, sino también en el creciente recurso al endeudamiento. Desde mediados de 2024, el pasivo de las personas con bancos y entidades financieras muestra una expansión sostenida. Entre junio de 2024 y agosto de 2025, último dato disponible, el monto promedio adeudado por persona humana creció un 72% en términos reales. El contraste con la evolución de los salarios del sector privado resulta elocuente: hoy, un deudor promedio necesita el equivalente a tres sueldos completos para cancelar sus compromisos financieros.
Este proceso no solo implica un aumento en los montos adeudados, sino también un deterioro en la calidad del endeudamiento. Aunque se redujo la cantidad de deudores clasificados como “irrecuperables”, creció con fuerza el universo de personas ubicadas en categorías de riesgo bajo, medio y alto. En términos absolutos, se sumaron más de medio millón de nuevos deudores en situación de fragilidad, una señal clara del desgaste de la capacidad de pago de los hogares.
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El endeudamiento y morosidad crece a niveles récor en los último años
Morosidad en niveles récord
El estrés financiero se manifiesta además en un cambio en las estrategias de financiamiento. Una proporción creciente de familias combina deuda formal con préstamos informales de familiares o conocidos, una práctica que casi se duplicó respecto de 2023. Según los relevamientos disponibles, uno de cada cuatro hogares tuvo que endeudarse durante 2025 para cubrir gastos corrientes, un nivel comparable únicamente con los picos registrados durante crisis anteriores.
La consecuencia directa de esta dinámica es un salto histórico en los indicadores de morosidad. En octubre, la mora en los créditos personales alcanzó el 9,1%, mientras que la de las tarjetas de crédito se ubicó en el 7,4%. Se trata de los valores más elevados desde que existen registros sistemáticos, en 2010, y reflejan que el crédito dejó de cumplir un rol de suavización del consumo para convertirse en un mecanismo de subsistencia.
Este cuadro social se inscribe en una economía real que continúa mostrando signos de debilidad. La actividad industrial permanece más de un 10% por debajo de los niveles de 2023 y la construcción acumula una contracción cercana al 23%. Los indicadores adelantados de noviembre confirman un cierre de año débil, con caídas significativas en ventas minoristas y despacho de cemento. El consumo aparece crecientemente fragmentado: algunos segmentos de bienes durables muestran cierta recuperación, mientras el acceso a bienes no durables se mantiene en mínimos históricos.
Tarifas y presión sobre la clase media
A esta fragilidad se suma la presión tarifaria sobre los sectores medios. La segmentación de servicios públicos, concebida para diferenciar precios según nivel de ingresos, muestra en la práctica resultados limitados. En los últimos dos años, las tarifas reales de los hogares de ingresos medios registraron aumentos muy superiores a los de los sectores de mayores recursos, trasladando el peso del reordenamiento de precios relativos hacia una franja que ya enfrenta ingresos estancados.
La combinación de jubilaciones en retroceso, endeudamiento en ascenso y morosidad récord plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema vigente. La recomposición de los ingresos reales y una desaceleración efectiva del costo de vida se transforman en una asignatura pendiente que no puede postergarse más allá del próximo año si el objetivo del gobierno es poner la economía en marcha.
