La morosidad crece en créditos y tarjetas mientras se profundiza la recesión. El BCRA analiza una tasa especial para deudores morosos.
El Banco Central llamó a consulta para la creacion de una tasa especial para morosos
El sistema financiero argentino atraviesa un período de creciente preocupación ante el avance sostenido de la morosidad en créditos, tarjetas y otros instrumentos de financiamiento. Con indicadores que exhiben un deterioro acelerado tanto en los hogares como en las empresas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió abrir una consulta pública para la creación de una nueva especial para los morosos del sistema.
La iniciativa que podría llevar en nombre de Tasa de Intereses Moratorios (TIM) o algo similar busca limitar los incrementos de los intereses aplicados sobre deudas vencidas que terminan transformando las deudas en impagables e incobrables en un contexto de recesión que no termina y pérdida de capacidad de pago generalizada de los consumidores.
La iniciativa busca limitar los incrementos en los intereses aplicados sobre deudas vencidas, en un contexto de recesión prolongada y caída de ingresos de los consumidores y deudores.
Los datos que encendieron la alarma en la entidad rectora y los bancos son elocuentes. En septiembre, la mora en préstamos personales superó el 9% y la de tarjetas de crédito alcanzó el 6,7%. Niveles que comprometen la rentabilidad de ese negocio dentro del sistema financiero y anticipan un deterioro en la calidad de la cartera crediticia.
Frente a esta dinámica, la idea que diversos asesores acercaron al Central a pedido de sus autoridades propone que la nueva tasa se establezca a partir de un promedio entre las tasas de los plazos fijos en pesos y los préstamos personales. El esquema en estudio fijaría un rango que impide variaciones abruptas: la tasa no podría superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% anual, ni ubicarse por debajo de un 3% respecto de ese mismo coeficiente.
La medida en estudio busca moderar el comportamiento de los intereses punitorios, constituye apenas una respuesta acotada en un escenario donde el problema central radica en la pérdida de ingresos reales y en el retroceso de la actividad productiva. Los salarios y jubilaciones mantienen un estancamiento persistente, los costos en dólares se encarecen, la apertura importadora presiona sobre múltiples sectores industriales y el consumo interno se retrae de forma sostenida.
En el sector productivo, la falta de liquidez se vuelve más visible con el aumento abrupto de cheques rechazados. Según datos del propio Banco Central, los rechazos crecieron entre 30% y 40% durante el último trimestre, mientras que los casos por falta de fondos llegaron a triplicarse. En apenas unos meses se superaron los 100 mil instrumentos rechazados, un indicador contundente del quiebre en la cadena de pagos.
En términos interanuales, los cheques rechazados aumentaron más de 200%, en un contexto que registró cierres y partes de plantas relevantes como las de Whirlpool y Mondelez.
El Monitor de Desempeño Industrial elaborado por la Unión Industrial Argentina mostró en octubre un índice de 43,8 puntos, lo que implica una caída interanual del 5,2% y catorce meses consecutivos en terreno negativo. Sectores como textil, metales comunes, confecciones, cuero y calzado figuran entre los más afectados, en una coyuntura signada por el ingreso masivo de bienes importados y por la reducción en la demanda interna.
El incremento de las importaciones ocupa un lugar central en las preocupaciones del entramado industrial. Desde las PYMES hasta Paolo Rocca advirtieron de la desprotección industrial del gobierno a contramano de las políticas globales. El magnate del acero criticó que el ingreso de lavarropas pasó de 5.000 a 85.000 unidades mensuales y el de heladeras, de 10.000 a 80.000. La Fundación ProTejer, de las pymes textiles, registró entre enero y octubre el ingreso de 332.696 toneladas de productos textiles por un valor de 1.450 millones de dólares. La producción del sector cayó un 20% interanual en septiembre y la capacidad instalada se redujo a 37,1%, con una pérdida estimada de 14.000 puestos de trabajo en el último año.
Los indicadores laborales ratifican el retroceso del sector manufacturero. Cerca del 40% de las empresas redujo su nivel de actividad en el tercer trimestre, mientras que el 21% achicó su planta de personal y casi una cuarta parte debió recortar turnos. Incluso los plazos de cobro del Estado se extendieron a 60 y 90 días, duplicando los valores tradicionales y agudizando el déficit de capital de trabajo.
El deterioro también golpea a los hogares. Según el Instituto Argentina Grande, el 48% de las familias aplicó alguna estrategia adicional para llegar a fin de mes en el segundo trimestre, porcentaje que asciende al 53% entre los sectores medios. El endeudamiento creció hasta alcanzar al 37% de los hogares, una cifra que duplica la registrada dos décadas atrás. El recurso al crédito se volvió una herramienta para cubrir gastos corrientes, mientras que la utilización de ahorros alcanzó el nivel más alto desde 2003.
La dependencia de subsidios, transferencias y ayudas de organizaciones civiles también aumentó, reflejando la fragilidad del ingreso laboral y la precarización de la economía doméstica.
La creación de la tasa especial puede moderar la presión sobre los bancos, pero no altera las condiciones estructurales que explican el aumento de la morosidad. La combinación de recesión, caída del poder adquisitivo, apertura importadora y encarecimiento del financiamiento conforma un cuadro en el que la morosidad no constituye una anomalía, sino una manifestación visible de una crisis más profunda.
Mientras la actividad industrial continúa ajustándose y los hogares ven agotarse sus mecanismos de supervivencia financiera apelando directamente a los ahorros para gastos corrientes, la consulta del Banco Central para generar este nuevo instrumento para morosos refleja el reconocimiento por parte del gobierno de que la problemática excede al ámbito crediticio. El desafío de fondo demanda políticas integrales capaces de recomponer ingresos, sostener la producción y restaurar la solvencia de familias y empresas, algo que el gobierno parece empeñado a no conceder.
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