IMPSA negocia con Venezuela la reactivación de obras hidroeléctricas en Macagua y Tocoma tras su privatización y los cambios políticos.
Impsa busca reactivar sus trabajos en Venezuela
La empresa IMPSA retomó contactos con el gobierno venezolano para reactivar obras hidroeléctricas que llevan años paralizadas. Según confirmó el director ejecutivo Jorge Salcedo (quien también preside el directorio de la compañía) a Bloomberg, las conversaciones apuntan a reanudar la fabricación y reparación de turbinas en el complejo del Guri, el sistema de generación más importante de Venezuela, que abastece a gran parte del país.
De esta manera IMPSA, ahora bajo administración norteamericana, volvería a trabajar al país al cual acusan de todos sus males que terminaron en la estatización y posterior privatización de la empresa insignia de la metalúrgica mendocina y argentina.
Los trabajos pendientes en Venezuela corresponden a las represas de Macagua y Tocoma, cuya culminación permitiría incorporar 672 megavatios adicionales a la deteriorada red eléctrica venezolana. En Macagua, el plan inmediato contempla la reparación de tres turbinas de 80 megavatios cada una; en Tocoma, la instalación de dos unidades de 216 megavatios. "Nuestro cronograma apunta a poner en línea 160 megavatios en Macagua en los próximos 100 días", precisó Salcedo, sin indicar cuándo podría formalizarse un acuerdo.
La eventual reanudación de los trabajos se canalizaría como adenda a los contratos ya existentes e inconclusos entre IMPSA y el Estado venezolano, lo que simplifica la negociación al evitar la apertura de nuevos procesos licitatorios. Aunque la potencia adicional proyectada representa menos del 2% de la capacidad instalada total de Venezuela, su valor simbólico y operativo es significativo: el sistema eléctrico del país se ha deteriorado de manera sostenida durante las últimas dos décadas, hasta el punto de registrar cortes diarios en ciudades de todo el territorio e incluso en sectores de Caracas.
La crisis energética venezolana es de tal magnitud que el gobierno ha comenzado a exigir a las empresas petroleras internacionales que deseen participar en los planes de reconstrucción del sector impulsados por Estados Unidos que aporten su propio suministro eléctrico. En ese contexto, cada megavatio que pueda recuperarse del parque hidroeléctrico cobra relevancia estratégica.
Los proyectos en danza fueron iniciados a mediados de la década de 2000. La crisis política y económica que se agudizó en Venezuela en los años siguientes, y el cambio de color político en el Gobierno argentino, interrumpió los trabajos antes de su conclusión.
La historia reciente de IMPSA está marcada por la transformación institucional. La empresa, que acumuló una deuda de 570 millones de dólares y reestructuró sus pasivos en dos oportunidades durante la década pasada, se convirtió en febrero de 2025 en la primera compañía privatizada por el gobierno del presidente Javier Milei. El Estado Nacional y la provincia de Mendoza transfirieron el 84,9% de las acciones Clase C al consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), cuyo socio principal es la firma texana ARC Energy, fabricante de equipos para la industria petrolera.
La operación fue adjudicada en enero de ese año por 27 millones de dólares, sujeta a una condición determinante: que ARC Energy lograra renegociar la abultada deuda con los acreedores. Una vez cumplida esa exigencia, se concretó el traspaso accionario. El consorcio comprador estableció un cronograma de desembolsos por el mismo monto de 27 millones, destinados a la capitalización y fortalecimiento operativo de la empresa.
La estrategia de ARC Energy para IMPSA apunta a desarrollar tres unidades de negocio: el sector nuclear, el hidroeléctrico y un tercero con fuerte impronta geopolítica que responde a los intereses de la administración de Donald Trump: la fabricación de grúas portuarias. Este último rubro adquiere especial relevancia dado que aproximadamente el 80% de las grúas utilizadas actualmente en los puertos de Estados Unidos para transferir carga de buques a tierra son de origen chino, una dependencia que Washington busca revertir.