El Presupuesto 2026 refuerza la disciplina fiscal como eje central, con supuestos macroeconómicos cuestionados, recortes sociales y crecientes riesgos externos.
La motosierra del gobierno de Javier Milei toma fuerza en el presupuesto 2026
El Presupuesto Nacional para 2026 que obtuvo sanción de la Cámara de Diputados y fue girado a Senadores volvió a colocar en el centro del debate económico la estrategia de disciplina fiscal como eje exclusivo de la gestión de Javier Milei.
El Gobierno propone consolidar el rumbo iniciado en 2024, con el superávit financiero como ancla central del programa económico y señal prioritaria hacia los acreedores. Sin embargo, un análisis detallado de los supuestos macroeconómicos, fiscales y externos que sostienen el proyecto revela tensiones internas y riesgos significativos, tanto en términos de estabilidad macroeconómica como de impacto social e institucional, según advierte un trabajo de análisis de la norma realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El corazón del esquema es el “blindaje fiscal”, sustentado en una regla de estabilidad que vincula el nivel de gasto público a la recaudación efectiva. En los años de crecimiento, el Estado se compromete a reducir impuestos; en contextos de caída de ingresos, habilita recortes automáticos en partidas discrecionales. Salud, educación y políticas sociales quedan así expuestas a ajustes inmediatos ante cualquier desvío fiscal. Esta lógica procíclica, lejos de amortiguar las fluctuaciones del ciclo económico, tiende a profundizar las fases recesivas, en un contexto en el que la economía argentina arrastra varios meses de contracción real de la recaudación tributaria.
A esta regla fiscal se suman propuestas de cambio institucional relevantes. El proyecto amplía las facultades del Jefe de Gabinete para modificar partidas durante la ejecución presupuestaria con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la meta fiscal, incluso frente a caídas de recursos o aumentos de gastos. En la práctica, este diseño reduce el margen de intervención del Congreso y concentra en el Poder Ejecutivo la capacidad de redefinir prioridades, reforzando una lógica de recentralización de decisiones.
Las proyecciones macroeconómicas oficiales constituyen otro de los puntos más controvertidos. El Presupuesto prevé un crecimiento del 5,0% en 2026, impulsado por la inversión y las exportaciones, y una inflación anual del 10,1%. Estas estimaciones se ubican por encima de las expectativas del mercado relevadas por el Banco Central y resultan difíciles de conciliar con la dinámica observada durante 2025. La desaceleración inflacionaria implícita exige una trayectoria mensual que no encuentra respaldo en los datos recientes, mientras que el crecimiento proyectado supone una recuperación más vigorosa que la anticipada por los analistas privados, destaca el CEPA.
En el plano cambiario, el proyecto contempla un tipo de cambio de 1.423 pesos por dólar a diciembre de 2026, lo que implica una apreciación real del peso. En cuentas, el Gobierno cree que el dólar a fin de diciembre de 2026 estará 60 pesos más barato que hoy; Argentina año verde, se podría decir.
Esta previsión aparece particularmente problemática si se la vincula con el frente externo. El propio Presupuesto estima déficits comerciales consecutivos entre 2026 y 2028, con un rojo acumulado superior a los 16.000 millones de dólares. A pesar de proyectar metas de exportación récord, las importaciones superarían a las ventas externas, configurando un escenario de restricción externa persistente. La ausencia de una articulación explícita entre el equilibrio fiscal y la sostenibilidad del sector externo abre interrogantes sobre el financiamiento de estos desequilibrios y la estabilidad macroeconómica de mediano plazo.
El frente fiscal, en apariencia, ofrece resultados favorables. Para 2026 se proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero levemente positivo. No obstante, este balance ha sido cuestionado por el Fondo Monetario Internacional, que advierte que el cálculo oficial excluye los intereses capitalizados de la deuda en pesos. Al incorporar estos pasivos, el resultado financiero se tornaría deficitario, relativizando el carácter efectivo del superávit anunciado y poniendo en discusión la solidez del ancla fiscal, advierte el centro de estudios.
La estrategia se completa con un ambicioso programa de reducción impositiva. El Presupuesto prevé menores alícuotas de retenciones, una virtual eliminación del impuesto sobre los Bienes Personales y amplios beneficios tributarios para grandes inversiones. Lejos de neutralizarse, estas medidas implican una pérdida de recursos que debe ser compensada con mayores recortes del gasto, trasladando el ajuste a partidas sensibles del presupuesto público. De esta manera se profundiza el carácter ideológico de motosierra que lleva adelante el Gobierno.
Las consecuencias del déficit fiscal que promueve el mismo Presupuesto se ven claramente cuando el Gobierno plantea los recortes para recuperar el presunto superávit. Educación, ciencia y tecnología acumulan caídas reales significativas respecto de 2023, superiores al 40% en algunos casos. Las universidades nacionales, el CONICET y los principales organismos científicos enfrentan una prolongación del ajuste que compromete capacidades estratégicas para el desarrollo. En el área social, se observan recortes en programas alimentarios, comedores comunitarios y políticas de discapacidad, mientras se mantiene la discrecionalidad sobre bonos previsionales y asignaciones familiares.
El ajuste también alcanza a las provincias. Las transferencias automáticas y no automáticas registran fuertes caídas reales frente a 2024 y 2025, profundizando las tensiones fiscales subnacionales y limitando la capacidad de respuesta de los gobiernos locales. Este esquema refuerza la dependencia financiera de las jurisdicciones respecto del Poder Ejecutivo nacional.
El Presupuesto 2026 configura una pauta de ingresos y gastos más coherente con principios ideológicos y financieros que con un programa de gobierno para un país con intenciones de crecimiento y mejoras en la economía.
La combinación de apreciación cambiaria, déficit externo persistente, recortes en áreas estratégicas y una regla fiscal inflexible plantea un escenario de elevada vulnerabilidad. Más que un instrumento integral de planificación, el proyecto aparece orientado a enviar señales de disciplina a los acreedores, aun a riesgo de debilitar las bases productivas y sociales necesarias para sostener el crecimiento en el tiempo.
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