Debate por regalías en Mendoza: San Rafael cuestiona el reparto y propone cambios en la coparticipación de recursos naturales.
La distribución de las regalías derivadas de la explotación de recursos naturales en Mendoza volvió a instalarse en la agenda pública a partir del planteo de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. La entidad impulsó la apertura de un debate político orientado a revisar el esquema vigente de coparticipación, establecido por la Ley N° 6.396, bajo el argumento de que presenta desequilibrios en perjuicio de los departamentos productores.
El cuestionamiento se apoya en la estructura actual de reparto. Del total de regalías que la provincia percibe por la explotación de petróleo, gas y energía hidroeléctrica, el 88 % permanece en la órbita del Estado provincial, mientras que el 12 % restante se distribuye entre los municipios donde se originan los recursos. La Cámara de Comercio sostiene que esta proporción no refleja la localización de la actividad extractiva ni sus efectos sobre los territorios involucrados.
El caso de San Rafael concentra buena parte de la discusión. Durante 2025, el departamento percibió más de 349 millones de pesos en concepto de regalías petroleras y cerca de 184 millones por generación hidroeléctrica. El promedio mensual, en torno a los 44 millones de pesos, representa una participación limitada en relación con el presupuesto municipal, lo que refuerza el planteo de revisión del sistema.
En este contexto, la entidad empresarial propone avanzar en una modificación legislativa que incorpore criterios de distribución asociados a la localización de los recursos. El objetivo es incrementar la participación de los municipios productores y vincular los ingresos con el impacto territorial de la actividad. La iniciativa se inscribe en un enfoque que articula la dimensión fiscal con la dinámica del desarrollo regional.
La discusión adquiere relevancia en función de las proyecciones sobre el sur mendocino. La posibilidad de nuevos proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales, en particular en minería y energía, plantea la necesidad de establecer reglas de distribución que contemplen el rol de los territorios donde se desarrollan estas actividades. En este marco, el esquema de regalías aparece como un instrumento de política pública con incidencia directa sobre la asignación de recursos.
El escenario incluye además un componente judicial. La provincia mantiene un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las regalías hidroeléctricas correspondientes al complejo Los Nihuiles. El origen del conflicto se remonta a 1973, cuando una decisión del gobierno de facto dispuso la distribución de esos ingresos con la provincia de La Pampa. En 2022, Mendoza inició una demanda con el objetivo de revertir ese criterio y obtener una compensación económica. La eventual resolución del litigio podría incidir en el volumen de recursos disponibles y, en consecuencia, en su distribución interna.
En Mendoza, solo ocho departamentos perciben regalías, con diferencias según el tipo de recurso. Malargüe concentra ingresos por hidrocarburos y gas, mientras que otros distritos combinan distintas fuentes. San Rafael, por su parte, participa de regalías petroleras e hidroeléctricas, pero no recibe ingresos por gas, lo que condiciona su posición relativa dentro del esquema provincial.
El planteo de la Cámara de Comercio incorpora además una dimensión vinculada al destino de los recursos. La entidad señala la necesidad de que las regalías se traduzcan en inversiones en infraestructura, educación, conectividad y servicios. La relación entre explotación de recursos no renovables y desarrollo local aparece como uno de los ejes del debate.
En paralelo, el intendente de San Rafael, Omar Félix, respaldó el reclamo y expresó su desacuerdo con el nivel de ingresos que percibe el municipio. En relación con las regalías hidroeléctricas correspondientes a 2025, indicó que el departamento recibió poco más de 86,8 millones de pesos por los sistemas Nihuil y Diamante. Señaló que la operatoria de generación implicó modificaciones en el régimen del río Atuel y en las cotas del lago Nihuil, con efectos sobre la actividad turística.
Félix comparó los ingresos derivados de la generación eléctrica con los obtenidos por el turismo en la zona, y sostuvo que la actividad turística presenta una mayor capacidad de generación de recursos en períodos acotados. En cuanto a las regalías petroleras, que alcanzaron los 343 millones de pesos, planteó la necesidad de considerar el carácter no renovable del recurso en la definición de los criterios de distribución.
El jefe comunal también cuestionó el funcionamiento del sistema vigente en términos de su impacto sobre la economía local. Señaló que la explotación de recursos naturales no se traduce en beneficios proporcionales para la comunidad y que puede afectar otras actividades económicas. De este modo, la discusión sobre regalías se articula con un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo y la asignación de los ingresos generados por la actividad extractiva en la provincia.