La implementación del Plan Andes por parte de YPF entre 2025 y 2026 redefinió el esquema de explotación petrolera en la provincia de Mendoza y alteró de manera sustancial el equilibrio histórico del sector.
5 de mayo de 2026
Plan Andes: YPF dejó pozos maduros en Mendoza y redefinió el mapa petrolero. Qué empresas tomaron las áreas y cuáles son los impactos.
La provincia de Mendoza ya adjudicó todos los pozos del Plan Andes
La implementación del Plan Andes por parte de YPF entre 2025 y 2026 redefinió el esquema de explotación petrolera en la provincia de Mendoza y alteró de manera sustancial el equilibrio histórico del sector.
La decisión de la compañía estatal de desprenderse de sus campos maduros (aquellos de menor productividad y mayor costo operativo) dio paso a un proceso de transferencia de áreas hacia empresas de menor escala, con estructuras más flexibles y especializadas. El resultado es un escenario en plena transición, con efectos económicos, productivos y sociales aún en desarrollo.
El Plan Andes surgió como una respuesta a la necesidad de reorganizar el portafolio de activos de YPF. La lógica financiera detrás de la medida fue clara: abandonar operaciones que generaban baja rentabilidad y concentrar inversiones en el desarrollo de recursos no convencionales, principalmente en Vaca Muerta. En ese contexto, la compañía avanzó en la cesión de más de 50 bloques a nivel nacional, incluyendo una parte significativa de las áreas maduras de Mendoza.
Para la petrolera, la continuidad en esos yacimientos implicaba operar con pérdidas. Según explicó el director de Hidrocarburos de la provincia, Lucas Erio, a Sitio Andino semanas atrás la empresa debía sostener la actividad con recursos provenientes de otros segmentos más rentables, lo que tornaba inviable el esquema en el largo plazo.
En la provincia, la salida de YPF se tradujo en el retiro de la compañía de áreas históricas y en el traspaso de la operación a nuevos actores. Este proceso generó una caída inicial en la producción de petróleo (estimada en torno al 4,9% durante 2025), en parte explicada por las demoras propias de la transición operativa.
A nivel estructural, el mapa petrolero mendocino quedó reorganizado en tres grandes bloques: Mendoza Norte, Llancanelo y Mendoza Sur. La transferencia de estos activos implicó no solo un cambio de operadores, sino también un replanteo del modelo de gestión.
El proceso también tuvo efectos colaterales. Se registraron pérdidas de empleo y contratos en el sector, al tiempo que surgieron cuestionamientos en torno a los pasivos ambientales y la falta de remediación de pozos abandonados.
El nuevo esquema productivo quedó en manos de un conjunto de empresas que asumieron el desafío de operar campos maduros bajo condiciones de alta complejidad técnica.
Uno de los actores centrales es Petróleos Sudamericanos S.A., que tomó el control del denominado Clúster Norte, integrado por áreas como Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán. Estos bloques representan aproximadamente un cuarto de la producción provincial, lo que da cuenta de la magnitud del traspaso. Sin embargo, en este sector la producción continuó en declive, un comportamiento considerado esperable dada la madurez de los yacimientos y las dificultades asociadas a su explotación.
Por su parte, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) asumió la operación de Llancanelo, un yacimiento caracterizado por la presencia de crudo extra pesado. A diferencia de lo ocurrido en el norte, esta área mostró resultados positivos en el primer año de gestión. La empresa implementó rápidamente una campaña de perforación que permitió incrementar la producción respecto de los niveles registrados al momento de la salida de YPF.
Por su parte, la operación de las áreas Cañadón Amarillo, Chihuido de la Salina, Chihuido de la Salina Sur, Altiplanicie del Payún, El Portón y Confluencia Sur (14,42% de participación) fue entregada a la Unión Transitoria Mendoza Sur, conformada por Quintana E&P Argentina SRL, Quintana Energy Investments SA, Quintana Gas Storage and Midstream Services SA y Compañía TSB SA. Se consolida así la estrategia de optimización de activos y atracción de inversiones en la provincia.
Dentro de esta cesión, el área Confluencia Sur es una participación del 14,42% y se trata de un área no operada por YPF, ya que el operador actual es Aconcagua Energía.
A diferencia de otros distritos, Mendoza estableció un conjunto de condiciones para autorizar las cesiones y extender las concesiones. Si bien la provincia no intervino directamente en la selección de los operadores, sí fijó criterios técnicos y financieros que las empresas debían cumplir.
El objetivo fue garantizar la viabilidad de los proyectos y evitar que la lógica estrictamente económica de YPF comprometiera el futuro de los yacimientos. En ese sentido, se exigieron antecedentes operativos, capacidad de inversión y compromisos formales de desarrollo.
Además, el Estado provincial acompañó el proceso con medidas de incentivo, entre ellas la reducción de regalías en áreas marginales. Según explicó Erio, esta decisión fue clave para viabilizar operaciones que, de otro modo, no hubieran sido rentables.
El Plan Andes no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un cambio más amplio en la industria hidrocarburífera argentina. El modelo emergente se basa en una división de roles: las grandes compañías concentran sus recursos en el desarrollo de shale, mientras que empresas independientes se especializan en la explotación de campos maduros.
Estas operadoras más pequeñas presentan estructuras de costos más reducidas y mayor capacidad de adaptación. En algunos casos, lograron reactivar pozos que permanecían inactivos desde hacía años, apoyándose en técnicas de recuperación secundaria y terciaria, como la inyección de polímeros.
El objetivo declarado es revertir el declino natural de estos yacimientos y sostener la actividad en regiones donde el petróleo convencional sigue siendo relevante.
A un año del inicio del proceso, los resultados muestran una realidad heterogénea. Mientras algunas áreas evidencian mejoras productivas, otras continúan en retroceso. Esta dualidad refleja tanto la diversidad geológica de la provincia como las dificultades inherentes a la explotación de campos maduros.
Al mismo tiempo, persisten críticas vinculadas a la pérdida de empleo, la falta de remediación ambiental y el impacto económico de la salida de YPF. Desde el sector gremial, se cuestiona la escasa fiscalización en la transferencia de áreas y se advierte sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad laboral y ambiental.
