YPF avanza con el Plan Andes y pone en venta áreas convencionales en Mendoza, priorizando Vaca Muerta y generando alto impacto negativo en regiones productoras.
YPF pone a la venta los campos convencionales de Mendoza.
YPF confirmó al cierre de la semana que el directorio de la compañía aprobó el avance de una nueva ronda del Proyecto Andes para la cesión de 12 áreas, incluidos el bloque Manantiales Behr, ubicado en la provincia de Chubut, los clúster Chachahuen y Malargüe, en la provincia de Mendoza, y clúster no operados.
La compañía, en su escueto comunicado, no brindó precisiones sobre cuáles serían las empresas adjudicatarias de esta nueva etapa, pero queda claro que la petrolera estatal avanza a paso firme en el proceso de desinversión de la explotación de crudo convencional para centrarse exclusivamente en el shale oil en Vaca Muerta.
El comunicado de la empresa afirma que, además, se firmó el cierre y traspaso de la operación de los clúster Neuquén Norte y Sur, que complementa la cesión de la participación de la compañía en las áreas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, ubicadas en la provincia de Chubut, que se cerró el pasado 4 de junio.
En el marco de este proceso de desinversión de los yacimientos tradicionales, la compañía ya transfirió 18 bloques, 21 están en su etapa final y 11 en progreso.
El Plan Andes, llevado adelante por YPF bajo la presidencia de Horacio Marín, plantea una reconfiguración profunda del sector hidrocarburífero argentino. El proceso de desprenderse de bloques convencionales para enfocar su estrategia en la producción no convencional de Vaca Muerta en Neuquén.
La movida, que está a punto de concretarse completamente con los pozos entregados a inversores y compañías privadas, genera inquietudes por su impacto en las economías regionales, los sindicatos petroleros y la soberanía energética.
La nueva política rompe con la tradición petrolera de YPF (fundada el 3 de junio de 1922 en la presidencia de Hipólito Yrigoyen) hasta la fecha.
El plan de la compañía estatal forma parte de un cambio estructural en el modelo de negocios de la petrolera. La empresa, que tradicionalmente fue un pilar del abastecimiento energético interno, apuesta ahora a convertirse en jugador exportador de peso en el mercado global de crudo y gas no convencional.
Cuando se anunció el plan cuatrienal para las cuencas Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral, donde se ubican los campos maduros, YPF explicó que los mismos presentan márgenes de rentabilidad decrecientes frente al potencial que ofrece el shale oil y shale gas de Vaca Muerta. De allí surgió la decisión de ceder esas áreas a otros operadores privados, en un proceso que llevó adelante el Banco Santander, que actuó como intermediario para la adjudicación.
En definitiva, YPF, en esta gestión, se centra en la rentabilidad y los proyectos exportadores, por sobre la producción y sostenimiento de las economías regionales. Y no en la provisión estratégica de abastecimiento de todo el territorio nacional.
Esta visión chata está muy lejos de ser representativa del majestuoso nombre Plan Andes; quizás otro nombre no tan grandioso y significativo para la región le hubiera sido más adecuado.
Pero la estrategia no es neutral: los campos de los cuales YPF se está desprendiendo —para dejarlos en su mayoría en manos de pymes— representan el 60% del petróleo convencional y el 40% del gas convencional que hoy produce YPF.
Es decir, no se trata de activos marginales, sino que son fundamentales para el abastecimiento del mercado interno, y se abren interrogantes sobre el abastecimiento a corto, mediano y largo plazo.
El traslado de estas áreas a manos privadas plantea dificultades técnicas y económicas. Los pozos maduros requieren mayores niveles de inversión y know-how para seguir siendo rentables.
Y si bien puede haber empresas medianas y pymes interesadas —y de hecho se han adjudicado todas las áreas de las cuales se desprendió YPF—, una cosa es comprarlas y otra muy distinta es operarlas y financiarse para mantener y mejorar el nivel de producción.
El reciente intento de Aconcagua Energía, como los de otras empresas, de conseguir financiamiento en el mercado de capitales internacionales, con una Obligación Negociable que debió retirarse ante la dificultad de conseguir inversores y las altas tasas que pretendía convalidar el mercado, es un ejemplo clave.
Que empresas como estas encuentren restricción en el financiamiento para desarrollar e incrementar sus operaciones y producción marca las dificultades que deberán afrontar en el corto y mediano plazo los adjudicatarios de las áreas que YPF se desprendió mediante el Proyecto Andes.
Uno de los riesgos que señalan por lo bajo los especialistas en el tema es la posible falta de garantías en la continuidad de producción si los nuevos operadores no logran sostener la actividad, al no ser que desde el Estado Nacional se las ayude con bajas de IVA, beneficios fiscales, ganancias, importaciones sin impuestos, etc. O se les beneficie como a las grandes inversiones con normativas como el RIGI.
Todas estas pymes petroleras nacionales y regionales entrarán en grandes problemas que terminarán con ellas y con la producción nacional.
Como así también el Estado provincial que los ayude con bajas de impuestos como regalías e ingresos brutos y obras de infraestructura que faciliten la explotación.
Muchas áreas podrían quedar abandonadas (en algunas ya se vive esta situación), con efectos adversos en las fuentes de trabajo en ciudades o pueblos que prácticamente viven de la actividad petrolera, en las pymes proveedoras y sus trabajadores, y en la recaudación fiscal de las provincias, como Mendoza, donde la actividad petrolera es una de las principales aportantes al fisco provincial.
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