La mejora de los datos del empleo del INDEC conviven con más informalidad y cuentapropismo. Cuál es la calidad real del empleo.
El empleo de baja calidad y cuentapropista es lo único que crece.
El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre el mercado de trabajo y un supuesta mejora del empleo reavivó la discusión sobre qué dicen realmente las estadísticas oficiales y hasta dónde alcanzan para describir la situación social que dicen medir.
La reducción de la tasa de desocupación al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, celebrada por el Gobierno como una señal de recuperación, convive con indicadores que, lejos de despejar las dudas, refuerzan la percepción de un deterioro persistente en la calidad del empleo y también de las estadísticas oficiales, que se han transformado (no importa el color de quien gobierne) en rehenes del relato y la creatividad numérica.
En términos formales, el dato parece auspicioso. El desempleo descendió 0,3 puntos porcentuales en la comparación interanual y el número de ocupados creció 1,8%. Sin embargo, una lectura más detallada de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) revela que esa mejora no se explica por un fortalecimiento del empleo asalariado registrado, sino por la expansión del trabajo por cuenta propia y de la informalidad. La tasa de empleo informal alcanzó al 43,3% de los ocupados, un nivel que confirma la consolidación de un mercado laboral fragmentado.
En un contexto de actividad económica frágil y en retroceso constante, con cierre de fábricas, bajo nivel de inversión y señales contradictorias provenientes del propio sector empresario, el descenso del desempleo no responde a una mayor demanda genuina de trabajo formal, sino a la necesidad de amplios sectores de la población de generar ingresos por fuera de relaciones laborales estables.
El crecimiento del cuentapropismo, que aumentó 8% interanual, estuvo impulsado principalmente por trabajadores no asalariados informales, con un salto del 12,1%. El cuentapropismo formal, en cambio, apenas creció 1,2%.
Esta dinámica obliga a relativizar el optimismo oficial. La caída de la proporción de asalariados, que pasó del 73,1% al 71,9% de los ocupados, y el aumento de la población cuenta propia son indicadores de un proceso de precarización que las cifras agregadas tienden a disimular. El empleo existe, pero cada vez más despojado de derechos básicos como aportes jubilatorios, cobertura de salud, estabilidad contractual o ingreso estable.
El problema, más que estadístico, es conceptual. Medir ocupación sin diferenciar su calidad conduce a diagnósticos incompletos y, en consecuencia, a políticas públicas mal orientadas. La figura del trabajador informal o cuentapropista se convierte en un comodín —difícil de mensurar con exactitud— que permite exhibir mejoras en las tasas de empleo, aun cuando el ingreso real y la protección social en la vida diaria continúan deteriorándose.
Los datos de consultoras privadas refuerzan esta lectura crítica. Empiria señala que, pese al crecimiento de la actividad económica del 3,3% interanual (tasa que también tiene sus bemoles), el aumento del empleo estuvo concentrado en segmentos de baja calidad. El empleo asalariado formal se mantuvo prácticamente estancado, con una variación interanual de apenas 0,1%, mientras que los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran incluso caídas en el número de asalariados registrados, tanto en el sector privado como en el público.
El sector público, de hecho, explica parte de la contracción: el empleo asalariado público cayó 5,8% interanual, compensado parcialmente por un crecimiento del 3,7% en el empleo privado formal según la EPH. No obstante, esta aparente recuperación no alcanza para revertir el cuadro general ni para absorber la presión de una población económicamente activa que sigue creciendo.
A este escenario se suma el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El cambio semántico que introduce la figura del “prestador independiente” para trabajadores de plataformas digitales no es un detalle menor. Al redefinir la relación laboral, se corre el riesgo de institucionalizar la precariedad y consolidar un esquema en el que amplios sectores queden excluidos de la protección del derecho laboral. Bajo la lógica de la flexibilización, la informalidad deja de ser una anomalía para convertirse en una categoría funcional al nuevo modelo.
Las consecuencias trascienden el plano individual. Un mercado de trabajo dominado por la informalidad erosiona la base de financiamiento de la seguridad social y debilita la recaudación fiscal, especialmente en un contexto en el que el Gobierno busca sostener el superávit mediante el ajuste del gasto. Menos aportes y contribuciones implican más presión sobre un sistema previsional ya tensionado.
Los estudios de la Fundación Mediterránea aportan un matiz adicional al análisis. Desde una perspectiva de flujos, el empleo registrado privado mostró en 2025 una estabilización tras el fuerte ajuste de 2024, con una recuperación moderada de la creación bruta de empleo y una reducción de la destrucción. Sin embargo, este equilibrio precario no se traduce aún en una expansión sostenida del empleo formal, sino en una pausa luego de la contracción.
En definitiva, los números del INDEC, lejos de ofrecer certezas, vuelven a plantear interrogantes. La baja del desempleo convive con un aumento de la informalidad y del trabajo precario, configurando un mercado laboral donde tener empleo no garantiza salir de la pobreza. La discusión de fondo no es estadística, sino política: si el objetivo es reducir el desempleo a cualquier costo o construir un esquema de desarrollo capaz de generar trabajo de calidad