El Gobierno de Javier Milei derogó las tarifas de referencia en el transporte de granos y habilitó la libre negociación entre productores y transportistas.
El Gobierno Nacional dispuso la derogación de la normativa que, desde 2016, fijaba tarifas de referencia para el transporte de cereales, oleaginosas y sus derivados, un esquema que funcionaba como marco orientativo para los acuerdos entre productores y transportistas.
La medida, oficializada mediante la Resolución 48/2025 publicada en el Boletín Oficial, fue presentada como un paso más dentro de las políticas de desregulación y simplificación administrativa que impulsa el Gobierno.
Hasta ahora, los valores de referencia se determinaban en el ámbito de la llamada Mesa de Negociación Participativa, integrada por representantes del sector agropecuario, cámaras empresarias del transporte y autoridades estatales. Este mecanismo había sido creado en abril de 2016 por la entonces Secretaría de Gestión de Transporte, con la finalidad de ordenar las discusiones tarifarias en un rubro clave para la logística del agro.
El texto de la resolución señala expresamente la anulación de las normas vigentes que establecían el Esquema Tarifario Referencial y remarca la necesidad de “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica”. Con ese argumento, el Ejecutivo busca darle mayor margen de negociación directa a transportistas y productores, dejando en sus manos la definición del costo de cada viaje.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte que encabeza el mendocino Luis Pierrini, fundamentó la medida en la necesidad de armonizar la normativa vigente con las “condiciones actuales del sector”. Según se explicó, la existencia de valores orientativos había dado lugar a “diversas interpretaciones respecto de su aplicación” y, en consecuencia, resultaba conveniente reemplazar el esquema por un marco de libertad de acuerdos entre partes.
El Gobierno pretende trasladar íntegramente al mercado la tarea de fijar precios, en línea con reclamos que en los últimos años fueron planteados tanto por productores agropecuarios como por entidades transportistas.
La decisión del Gobierno llega en un momento en que varias organizaciones ya habían marcado distancia respecto de las mesas de negociación. En los últimos meses, entidades como la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) se habían retirado de ese espacio por entender (en absoluta coincidencia con los argumentos del Gobierno) que la política tarifaria debe regirse por la libre negociación y no por pautas fijadas desde el Estado.
El argumento central que planteaban los empresarios (y atendido por el equipo libertario) es que la intervención oficial generaba rigideces y, en ocasiones, distorsiones que no reflejaban la dinámica real de los costos de transporte. Bajo la nueva normativa, los precios se establecerán en función de cada operación, lo que, en teoría, permitirá una mayor flexibilidad. Sin embargo, actores más pequeños y pymes del sector y las economías regionales ya advierten sobre el riesgo de desequilibrios y asimetrías de poder de negociación entre grandes dadores de carga y pequeños transportistas, que terminará provocando la desaparición de cientos de transportistas y una profundización de la concentración del transporte agropecuario y de las economías regionales.
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