El organismo se presentó este jueves en el tribunal de Loretta Preska para manifestar su defensa a la Argentina. El comunicado del Canciller.
Caso YPF: el Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyó a la Argentina ante el tribunal
En horas de la noche de este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, comunicó a través de sus redes sociales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyará a la Argentina en el juicio por YPF.
"Para cerrar un día histórico en el Congreso más reformista de la historia, en una instancia clave del juicio por YPF, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha presentado esta tarde ante el tribunal de Loretta Preska en apoyo a la posición de la República Argentina frente al pedido de sanciones efectuado por los demandantes", informó el Canciller mediante la red social X.
Según trascendió, Estados Unidos presentó un documento de 29 páginas donde argumenta su apoyo a la Argentina, frente al pedido de desacato y sanciones que impulsan los demandantes.
“El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”, alegó el Departamento de Justicia.
Además, indica que el pedido de los demandantes no es acorde a los principios de cortesía internacional y reciprocidad, por lo que debe ser rechazado.
El 15 de septiembre de 2023, Loretta Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo del juicio fijó una compensación de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses acumulados asciende actualmente a 17.750 millones, en favor de Burford Capital y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.
El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de ese momento –durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados.