El Gobierno nacional busca frenar el proceso de discovery, al que calificó como "hostigamiento", en el medio del juicio por YPF.
Caso YPF: el Gobierno pidió suspender la entrega de chats y mails de funcionarios.
Foto: Yemel FilEl Gobierno nacional presentó una solicitud formal ante la jueza del caso YPF en Estados Unidos, Loretta Preska, para suspender el proceso de discovery -que permite a los beneficiarios del fallo pedir información y rastrear posibles activos embargables para que se cumpla la sentencia- y el pedido de desacato de los demandantes en el litigio.
"El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales", dice el documento elevado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York al que accedió Noticias Argentinas.
Desde la Procuración del Tesoro, indicaron que, “durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades” y, en contraposición, destacaron que “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”.
Asimismo, subrayaron que "el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes" y que “los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
A su vez, el Gobierno aseguró que en las últimas semanas “Burford escaló la presión mediante una injustificada moción de desacato y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina”, por lo que aclaró que “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.
En esa línea, desde la Procuración afirmaron que el discovery impulsado “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”. En ese sentido, advirtieron que “los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”, una conducta que calificaron como “inaceptable jurídica y moralmente”.
Finalmente, ratificaron que “la República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”.
El 15 de septiembre de 2023, Loretta Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo del juicio fijó una compensación de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses acumulados asciende actualmente a 17.750 millones, en favor de Burford Capital y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.
El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de ese momento –durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados.
En una de las audiencias realizadas el año pasado se debatió sobre el proceso de discovery -la entrega de documentos solicitados por el demandante para avanzar en el caso- y sobre la información vinculada al “alter ego” de varias empresas argentinas, incluyendo YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación. Preska también solicitóla entrega de los mensajes y correos electrónicos de Luis Caputo y Sergio Massa como prueba en el caso.
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