El fuerte aumento del precio de la carne refleja un desequilibrio estructural marcado por menor oferta, shocks climáticos y una demanda externa sostenida.
En el arranque del 2026, el precio de la carne vacuna volvió a ocupar un lugar central en la discusión económica argentina. La suba que desestabiliza los bolsillos de los consumidores y los aleja de los mostradores de las carnicerías es un fenómeno con dinámica propia.
La carne cerró el 2025 y comenzó el año nuevo con un fuerte desacople respecto del resto de los precios de la economía. Mientras la inflación anual, medida por el Índice de Precios al Consumidor, cerró 2025 en torno al 31,5%, el valor promedio de la carne vacuna acumuló incrementos superiores al 65%, con picos cercanos al 70% según distintas mediciones sectoriales. El impacto fue particularmente severo en los cortes de consumo masivo, que registraron aumentos muy por encima del promedio inflacionario, así lo destaca un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La magnitud del ajuste obliga a descartar explicaciones lineales. El encarecimiento de la carne no responde a un factor único ni a una coyuntura temporal, sino a la convergencia de restricciones productivas, desequilibrios estructurales y presiones externas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. En ese marco, el precio funcionó como una variable de reacomodamiento frente a una oferta crecientemente limitada y una demanda que, lejos de retraerse, se mantuvo firme tanto en el mercado interno como en el externo.
El primer elemento a considerar es la reducción del stock ganadero. Durante el bienio 2024–2025, la disponibilidad de hacienda destinada a faena se contrajo de manera significativa. La sequía que afectó amplias zonas productivas en 2023 deterioró las condiciones de los campos y obligó a numerosos productores a adelantar ventas para sostener la viabilidad financiera de sus establecimientos. Esa respuesta defensiva tuvo un efecto inmediato sobre la oferta y consecuencias sobre la base reproductiva del sistema.
La menor cantidad de terneros nacidos y los mayores niveles de mortandad implicaron que una porción sustancial del capital ganadero se destinara a sostener la producción corriente, en detrimento de la recomposición del rodeo. Estudios sectoriales estiman que en los últimos dos años se registró un faltante cercano a los 700.000 terneros respecto de ciclos previos, una merma que condiciona la oferta durante varios ejercicios consecutivos. La ausencia de políticas públicas orientadas a amortiguar los shocks climáticos y estimular la inversión productiva terminó de consolidar el escenario, dificultando una recuperación del stock.
A este cuadro se sumaron las lluvias intensas registradas durante 2024 y 2025. Lejos de revertir el impacto de la sequía previa, las inundaciones introdujeron nuevas restricciones. El exceso de agua alteró el manejo de la hacienda, deterioró las condiciones sanitarias y nutricionales y afectó negativamente los índices de preñez. En muchas regiones, especialmente en distritos ganaderos de la provincia de Buenos Aires, los productores volvieron a recurrir a ventas anticipadas como estrategia de supervivencia, profundizando el proceso de contracción de la oferta futura.
El deterioro de la infraestructura rural actuó como un factor adicional de presión. El mal estado de los caminos rurales encareció el traslado de animales, limitó el acceso a los establecimientos y complicó la comercialización, especialmente en zonas con alta concentración de stock. Estos problemas estructurales, largamente postergados, terminaron incidiendo tanto en la oferta efectiva de carne como en la formación de precios a lo largo de la cadena.
En paralelo, la demanda internacional jugó un papel decisivo. Los mercados externos sostuvieron un nivel elevado de compras y absorbieron una porción relevante de la producción local, en particular de animales pesados. Estados Unidos, Europa, China y Corea del Sur se consolidaron como destinos clave, ofreciendo valores que resultaron altamente atractivos para el sector exportador. En ese contexto, los precios internacionales del novillo comenzaron a funcionar como referencia para el mercado doméstico, generando un efecto de arrastre sobre el resto de las categorías.
Este fenómeno no fue exclusivo de la Argentina. El aumento del precio del ganado se verificó en los principales países productores, con una suba especialmente marcada en el mercado estadounidense. Esa dinámica explica decisiones recientes de política comercial, como la ampliación de los cupos de importación de carne argentina por parte de Donald Trump, y refuerza la idea de que el mercado local opera cada vez más integrado a las tendencias globales.
Frente a este escenario, el rol del maíz, insumo central en la alimentación animal, merece una consideración específica. El CEPA destaca que, si bien su precio registró aumentos interanuales relevantes, diversos análisis coinciden en que su incidencia en el costo total de la hacienda es limitada. El maíz representa una proporción relativamente menor del costo final, dado que la mayoría del ganado pasa por sistemas de feedlot solo en la etapa final del engorde. Desde fines de 2025, además, se observa un desacople entre la evolución del precio del grano y el del novillito, lo que sugiere que el reciente salto de la carne responde más a restricciones de oferta y a la firmeza de la demanda que al encarecimiento de este insumo.
El aumento del precio de la carne vacuna se ha transformado en la manifestación de un desequilibrio más profundo. La combinación de shocks climáticos, falta de políticas de largo plazo, problemas de infraestructura y una demanda externa sostenida configuró un escenario en el que la oferta quedó estructuralmente limitada. En ese contexto, el ajuste de precios no fue una anomalía, sino la consecuencia lógica de un sistema en tensión. La discusión no se agota en el valor que enfrenta el consumidor en la carnicería, sino que remite a la capacidad del país para reconstruir su base productiva y devolver previsibilidad a uno de los sectores emblemáticos de la economía.