Una reconstrucción de los principales hitos políticos, institucionales y productivos que marcaron los diez años de gestión radical en la provincia, desde 2015 hasta la actualidad.
Se cumplen diez años de gestión radical en Mendoza.
Desde diciembre de 2015, Mendoza transita un ciclo político inédito desde el retorno de la Democracia: diez años consecutivos de gobiernos radicales. Los dos mandatos de Alfredo Cornejo y el de Rodolfo Suarez conforman un periodo que incluyó cambios institucionales, reformas administrativas, nuevos criterios para la obra pública, transformaciones en el sistema judicial y debates productivos que impactaron en distintas áreas del Estado.
A lo largo de este período —marcado por una crisis sanitaria histórica, una macroeconomía inestable y cambios bruscos en la estrategia en la Casa Rosada bajo los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei— Mendoza sostuvo una hoja de ruta propia que dejó huellas visibles en áreas clave como la justicia, la seguridad, la salud, el transporte y la política institucional.
Este es un repaso por los principales hitos que marcaron la década radical.
Cuando Alfredo Cornejo asumió la gobernación en diciembre de 2015, lo hizo con un diagnóstico contundente: un Estado provincial desbordado, con deudas acumuladas a proveedores, servicios deteriorados y una sobredimensionada plante de personal. Fue el origen de lo que definió como la “revolución de lo sencillo”, una estrategia basada en reparar esas fallas operativas básicas y reordenar la administración pública antes de encarar transformaciones más profundas.
La primera señal política llegó con la visita del presidente Mauricio Macri en enero de 2016, un gesto que abrió una etapa de alineamiento institucional. La coordinación Nación–Provincia permitió recuperar obras paralizadas, ordenar flujos de financiamiento y establecer prioridades comunes en infraestructura, seguridad y modernización del Estado. Sin embargo, en la última etapa de ambos mandatos, surgieron diferencias de visión, tanto política como económica. El mendocino se enfrentó al Jefe de Estado por el sistema de subsidios a los servicios públicos y, en época electoral, por la decisión de no abrir el juego de las candidaturas a otras figuras, como María Eugenia Vidal o Patricia Bullrich.
A inicios de 2016, el Gobierno provincial impulsó el Ítem Aula, una medida de alto impacto que tensó la relación con los gremios docentes y marcó el tono del vínculo con los sindicatos a lo largo de la gestión. Esta política salarial se convirtió en uno de los puntos centrales del debate sobre el sistema educativo y la asistencia docente.
En mayo de 2016, en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, Cornejo delineó una agenda centrada en seguridad, justicia y eficiencia estatal. Ese mismo año anunció el cierre del Zoológico y la creación del Ecoparque, una decisión que abrió un proceso de reconversión institucional que aún continúa en desarrollo.
En 2018 profundizó la agenda judicial: recibió a la senadora Anabel Fernández Sagasti en un hecho político relevante, y avanzó en los consensos para la implementación del juicio por jurados, que se transformaría en una de las reformas penales más importantes de las últimas décadas en Mendoza. Previamente, logró sacar reformas en el Ministerio Público Fiscal, para agilizar los procesos, y en el dictado de las prisiones preventivas. Además, disolvió la discutida Cámara de Apelaciones, que pasó a ser la octava Cámara del Crimen. Unificó el Código Penal y dinamizó el nombramiento de cargos vacantes claves, que hoy son objeto de críticas opositoras, por la presunta cooptación del Poder Judicial.
También en 2018, la provincia inauguró el Complejo Penitenciario Federal VI, destinado a descomprimir el sistema penitenciario provincial.
Hacia el final del mandato, Cornejo lanzó el Mendotran, una reestructuración completa del sistema de transporte público que cambió recorridos, servicios y frecuencias, además de introducir líneas troncales. La transición generó quejas y reclamos, pero finalmente se consolidó como un nuevo esquema de movilidad metropolitana. Hoy, el Ejecutivo provincial se jacta de haber incrementado de 200 mil usuarios diarios del sistema, a los 850 mil actuales.
El período estuvo atravesado por intentos de ampliación de la Suprema Corte —el único proyecto legislativo de Cornejo que no prosperó—. La postura del diputado ganso Marcos Niven, que votó en contra, derivó en la ruptura del Partido Demócrata con Cambia Mendoza.
Durante este mandato también se aprobó un nuevo Código Contravencional que —entre otras cuestiones— reguló aspectos vinculados a manifestaciones públicas, estableciendo que debían realizarse por la vereda o sin bloquear vías principales.
La gestión mantuvo tensiones con los gremios estatales, con negociaciones prolongadas que en ocasiones derivaron en aumentos otorgados por decreto.
En el plano institucional, se puso en marcha, intervención de la Corte mediante, la reforma que estableció un límite a la reelección consecutiva de intendentes. La medida modificó el mapa municipal y abrió procesos de renovación política en distintos departamentos.
Esto no fue iniciativa de Cornejo, sino producto de una enmienda constitucional sancionada una década atrás, plebiscitada en 2009, que Cornejo puso en práctica.
Durante el primer mandato de Cornejo, Mendoza aprobó una nueva Ley de Ética Pública destinada a actualizar el marco normativo existente. La norma incorporó mecanismos para fortalecer la transparencia en la administración estatal, como la regulación de declaraciones juradas patrimoniales, incompatibilidades y estándares de actuación de los funcionarios.
Otro de los movimientos relevantes del período fue la firma de la primera adenda con el Gobierno nacional vinculada a Portezuelo del Viento. Se definió un monto (1.023 millones de dólares) y un cronograma de desembolsos del resarcimiento por la promoción industrial de provincias vecinas, lo que permitió avanzar en estudios técnicos y documentación necesaria para mantener activo el proyecto hidroeléctrico.
Rodolfo Suarez asumió en diciembre de 2019 con un mensaje de continuidad y moderación. Ese mismo mes, la Legislatura aprobó modificaciones a la Ley 7722, que fueron posteriormente vetadas por el propio gobernador tras protestas sociales masivas. Ese fuerte episodio marcó el arranque político de su administración.
En marzo de 2020, la pandemia por coronavirus reorganizó completamente la agenda provincial. Los esfuerzos se enfocaron en la continuidad del sistema educativo, la administración de recursos sanitarios y la definición de aperturas graduales. Mendoza habilitó el regreso de las clases presenciales antes que la Nación, en un contexto de restricciones y protocolos estrictos.
El primer discurso legislativo de Suarez, en mayo de 2020, estuvo atravesado por la emergencia sanitaria y por la necesidad de sostener equilibrio fiscal ante la caída abrupta de la actividad económica.
En 2021 se concretó la participación provincial en la estatización de IMPSA, junto al Gobierno nacional, garantizando la continuidad de una empresa estratégica. Una medida que fue revertida tres años después por la otra gestión radical. Ese año también se inauguró el Polo Judicial, una obra de gran escala que concentró dependencias judiciales y modernizó el funcionamiento edilicio del Poder Judicial.
En marzo de 2022 Mendoza sancionó la Ley de Boleta Única de Papel, una modificación significativa del sistema electoral, que debutó en 2023. Su diseño fue tomado luego por la Nación para la instrumentación de la BUP en las elecciones de 2025.
Entre las reformas estructurales se destacó la modificación del funcionamiento interno de la Suprema Corte que eliminó el llamado “forum shopping”, es decir, la posibilidad de elegir sala para la presentación de causas. En principio resistida por algunos miembros del máximo tribunal, quienes se involucraron en el debate y enviaron un proyecto de consenso, luego sancionado por la Legislatura.
Durante la gestión suarizta se creó el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), un ámbito de diálogo multisectorial para formular políticas de Estado sobre temas estratégicos. Su impacto en la agenda pública fue acotado y el espacio perdió continuidad con el paso del tiempo. Hoy es prácticamente una ley muerta.
En 2021, Alfredo Cornejo encabezó la lista al Senado nacional y Rodolfo Suarez integró la boleta como suplente, pese a ser gobernador en ejercicio. La estrategia, cuestionada en distintos ámbitos, respondió al objetivo de preservar la cohesión interna de Cambia Mendoza y habilitar que Cornejo, sin posibilidad de reelección inmediata, se "reserve" la opción de competir nuevamente por la gobernación en 2023.
La maniobra convirtió a Cornejo en el primer gobernador en ejercer dos mandatos no consecutivos bajo el esquema constitucional vigente.
El regreso de Alfredo Cornejo al Ejecutivo provincial, en diciembre de 2023, coincidió con el inicio del gobierno nacional de Javier Milei. Este nuevo escenario federal reconfiguró prioridades en materia de obra pública, coparticipación federal y en el rol del Estado.
En mayo de 2025, Cornejo utilizó su discurso ante la Asamblea Legislativa para reforzar la idea de diversificación productiva, con la minería de minerales críticos como uno de los ejes para ampliar la matriz económica provincial.
Ese año se registraron avances concretos:
Aprobación legislativa del Código de Procedimientos Mineros,
Declaración de Malargüe Distrito Minero Occidental I y II,
Avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que obtuvo dictámenes técnicos y legislativos relevantes.
Durante esta etapa, la Provincia retomó gestiones ante Nación para destrabar autorizaciones pendientes de Portezuelo del Viento. La administración analizó alternativas para preservar los fondos en caso de que el proyecto no lograra las aprobaciones técnicas necesarias, en paralelo con el avance de la obra El Baqueano y nuevas adendas vinculadas a infraestructura productiva. Así, consiguió liberar los 1.023 millones de dólares para todo tipo de proyectos.
En septiembre de 2025 se inauguró la nueva Ruta 82 – Panamericana, que mejora la movilidad del Gran Mendoza y la conexión con Cacheuta y Potrerillos. Paralelamente, avanzó con la licitación de varias obras a ejecutar con los Fondos del Resarcimiento, destinadas a los cuatro oasis de Mendoza.
En esta gestión se firmó un convenio mediante el cual la Provincia asumió el mantenimiento de varios tramos de rutas nacionales que presentaban demoras en su conservación. Los trabajos incluyen repavimentación, señalización y mejoras estructurales en corredores clave para transporte, logística y turismo. El acuerdo implicó una mayor responsabilidad presupuestaria para la Provincia, por lo tanto recibió cuestionamientos de la oposición, por la dificultad de recuperar esos recursos.
El período incluyó diversas reformas:
Actualización integral del Código de Aguas,
Aprobación de 24 leyes vinculadas al sistema de Salud,
Paquetes legislativos en materia de Seguridad con modificaciones procesales y operativas.
De cara a los próximos dos años, el principal desafío para la provincia será determinar si el impulso minero iniciado desde 2023 logra traducirse en inversiones efectivas, generación de empleo y expansión de proveedores locales. La consolidación de PSJ Cobre Mendocino, la activación de nuevas áreas en Malargüe y la continuidad de las reformas institucionales serán determinantes para evaluar la profundidad del cambio en la matriz productiva y su sostenibilidad en el tiempo.
En paralelo, el escenario político abre otras discusiones. Entre ellas, la posibilidad —aún no formalizada— de un debate institucional sobre la reelección del gobernador, un tema que emerge cíclicamente en Mendoza y que requeriría consensos legislativos y sociales amplios. También continúa pendiente la definición de un esquema estable de financiamiento para la obra pública, en un contexto nacional de reducción de transferencias, lo cual obliga a la Provincia a buscar nuevas herramientas, acuerdos con Nación o modelos mixtos de inversión.
El vínculo con el Gobierno de Javier Milei será un factor central en la agenda inmediata. La relación política e institucional entre ambas administraciones será clave para destrabar rutas nacionales, avanzar en convenios de infraestructura, sostener incentivos productivos y garantizar previsibilidad para sectores estratégicos. La forma en que se articule esa relación —en un escenario federal más austero y con nuevas reglas— tendrá impacto directo en la capacidad de gestión de Mendoza durante la segunda mitad del mandato.
En el ámbito local, el surgimiento de la figura de Luis Petri es, posiblemente, la principal amenaza a la hegemonía radical (o, más bien, cornejista) de estos doce años. Si bien el sanmartiniano ha sido un histórico militante de la UCR, en los últimos comicios decidió desafiliarse y ser un soldado de "Las Fuerzas del Cielo". Su rol en la Legislatura y los Concejos municipales se fortalecerá a partir del año próximo, y la decisión de competir por la gobernación en 2027 es un desafío que el oficialismo aún no ha resuelto. Se verá si las rispideces entre ambos espacios, que nunca dejaron de exhibirse, disminuyen hacia las elecciones de ese año y se logra una lista de consenso. O si, por primera vez en más de una década, el radicalismo enfrente una contienda en las urnas con serias chances de perder el poder acumulado.