El Gobierno intimó a la AFA y la Superliga para que expliquen sus balances millonarios. Qué pide la IGJ y cuáles son los próximos pasos.
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en la mira del Ministerio de Justicia por observaciones contables.
El Gobierno intimó a la AFA y a la Superliga para que den explicaciones sobre sus balances, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Desde el Ministerio de Justicia advirtieron que “nadie está por encima de la Ley” y exigieron la misma vara de control que rige para cualquier entidad privada.
El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), notificó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino para que respondan observaciones sobre sus estados contables y financieros. La medida apunta a que ambas entidades brinden aclaraciones formales sobre cifras y movimientos consignados en sus balances.
Según informó la cartera que conduce Sebastián Amerio, los balances bajo análisis superan los USD 111 millones en el caso de la AFA y los USD 340 millones en el de la Superliga. En ese contexto, la IGJ reclamó respuestas a cada una de las observaciones realizadas, del mismo modo que se exige a todas las personas jurídicas registradas, sin excepciones.
Además, el organismo intimará específicamente a la AFA a presentar documentación vinculada a gastos e inversiones asociados a actividades que no estarían contempladas en sus estatutos sociales. Desde el Gobierno remarcaron que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro, condición que impone límites y obligaciones en el manejo de fondos.
Desde la Secretaría de Justicia subrayaron el alcance político e institucional de la medida: “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima ni tiene privilegios”, señalaron. En la misma línea, el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, sostuvo que la AFA y la Superliga deben cumplir los mismos requisitos que cualquier asociación o fundación bajo control de la IGJ.
La intimación abre un proceso administrativo que obligará a ambas entidades a responder formalmente y aportar la documentación requerida. De no hacerlo, podrían activarse nuevas instancias dentro del marco regulatorio vigente.