28 de abril de 2026
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Avanza el pedido de juicio político contra el juez de la indemnización millonaria

Los miembros del Jury de Enjuiciamiento aceptaron formalmente el pedido de juicio político contra el juez de la Quinta Cámara Laboral, Antonio Vicente Sánchez Rey, acusado de fraude por un polémico acuerdo por una indemnización millonaria con la ART Provincia, tras un accidente laboral.

Este jueves a las 9 se reunieron los 21 integrantes del tribunal para decidir si los cargos contra el magistrado constituían causa suficiente para la formulación del enjuiciamiento o si correspondía desestimar la denuncia. Finalmente resolvieron admitir formalmente la acusación formulada contra Sánchez Rey y correrle traslado al magistrado, quien ahora tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarlo.

Ahora se iniciará el proceso que podría terminar en un juicio contra el juez laboral y su posible destitución del cargo.

La acusación contra Sánchez Rey

En mayo de 2017 Sánchez Rey sufrió un accidente en un brazo con el portón automático de la playa de estacionamiento del Poder Judicial y demandó al Estado. Alcanzó un acuerdo de $ 4,5 millones de indemnización con Provincia ART, convenio que debían homologar sus colegas de la Quinta Cámara del Trabajo, dos jueces que luego denunciaron presiones para avalarlo.

Posteriormente intervino la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que analizó el caso y determinó que el monto de indemnización que le correspondía era considerablemente inferior. Según explicó Gustavo Cairo, delegado en Cuyo de este organismo, los profesionales médicos constataron que existía la lesión y señalaron que le correspondía poco más de un millón de pesos de indemnización y no los $ 4,5 millones que se habían acordado.

Las irregularidades en el proceso llevaron a que tome intervención la Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social del Ministerio de Producción y Trabajo que presentó una denuncia en la justicia por supuesto fraude contra el abogado e hijo del juez, Diego Sánchez Azcona, y el letrado de la ART, Miguel Ángel Grosso.

Asimismo, solicitó un pedido de juicio político ante el Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Mendoza.

Tras la polémica generada por el caso, el Sánchez Rey presentó su renuncia ante el gobernador Alfredo Cornejo, quien decidió rechazársela para que sea juzgado por el jury y en caso de ser encontrado culpable, sea destituido.

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