Frente a los hechos, autoridades de la DGE y de la UNCuyo se reúnieron de urgencia para coordinar acciones y frenar la ola de violencia.
Violencia entre alumnos de Mendoza: un adolescente en terapia intensiva. Imagen ilustrativa
La violencia en las escuelas mendocinas trascendió los límites y se convirtió en una agresión física de extrema gravedad. En las últimas horas, se produjo un brutal enfrentamiento entre alumnos de la escuela Martín Zapata (UNCuyo), y del colegio Adolfo Pérez Esquivel (DGE).
El hecho dejó a varios estudiantes lesionados. En un principio, uno de ellos fue alojado en la Terapia Intensiva del hospital Español, pero este jueves, tras presentar una mejoría, fue derivado a una sala común.
La situación forzó una reacción inmediata y sin precedentes entre las máximas autoridades educativas de la provincia que se reunieron para coordinar acciones conjuntas y frenar la ola de violencia.
En un intento por coordinar una respuesta unificada y contundente, la Jefa de Gabinete, Daniela García, la directora de Educación Secundaria de la DGE, Cecilia Páez, la directora General de Educación Secundaria, María Ana Barrozo, y el secretario Académico del Rectorado de la UNCuyo, Julio Aguirre, convocaron a una reunión de urgencia.
El encuentro, se realizará este jueves en la sala de reuniones del Ministerio de Educación en Casa de Gobierno y tiene como objetivo principal brindar detalles de las acciones conjuntas que se implementarán para abordar los hechos de violencia y garantizar la seguridad de los estudiantes tanto dentro como fuera de las instituciones.
La participación de funcionarios de la DGE y el Rectorado subraya la complejidad de la situación, al involucrar a establecimientos de órbita provincial y universitaria.
El episodio se produce en un momento en que la Dirección General de Escuelas ya había anunciado un paquete de medidas para combatir el acoso y la violencia escolar.
Recientemente, la DGE puso en vigencia un Protocolo Integral contra el Bullying, que establece un camino de acción obligatorio para todas las escuelas (públicas y privadas). Este protocolo organiza el abordaje en tres fases ( Provención, Intervención y Posvención) y exige la documentación exhaustiva de cada caso, la intervención profesional y la comunicación con las familias por separado.
La medida más polémica es el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca modificar el Código de Contravenciones para sancionar a los padres que no intervengan en la corrección de las conductas violentas de sus hijos.
Esta iniciativa prevé multas de hasta $2.100.000 o hasta 50 días de trabajo comunitario, y va de la mano con la implementación de talleres de parentalidad. Las autoridades buscan sentar un precedente sobre la corresponsabilidad familiar, señalando que la escuela no puede enfrentar sola la problemática de la violencia.
Mientras los padres de la Escuela Martín Zapata reclaman por la seguridad de sus hijos y la comunidad educativa espera definiciones, la cumbre en Casa de Gobierno determinará el camino a seguir para intentar poner freno a la creciente ola de violencia que hoy tiene a un joven luchando por su vida.