El titular de la Dirección General de Escuelas aseguró que en Mendoza se registran varios fallos judiciales y un aumento de las denuncias por bullying escolar.
Ante el "negocio" del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional.
La Dirección General de Escuelas (DGE) busca poner un freno a la creciente "industria del juicio" generada en torno a los casos de bullying en las escuelas de la provincia de Mendoza. La estrategia clave es la modificación del Código Contravencional para sancionar a los padres que no colaboren con las medidas escolares tras agotarse la instancia de mediación.
Tadeo García Zalazar, titular de la cartera educativa, explicó en diálogo con Sitio Andino que la problemática es de alcance nacional, pero que en Mendoza ya se registran fallos judiciales y un aumento de las denuncias, lo que llevó a la provincia a proponer una medida pionera en Argentina.
Según el ministro, la preocupación institucional radica en que la intervención judicial creciente está desviando el foco de las escuelas de su "rol pedagógico" a una sobrecarga de tareas relacionadas con conflictos o factores extraescolares.
"Hay fallos de jueces en Mendoza, en CABA, en otras provincias donde están tomando intervención en los casos de bullying. Lo que nosotros queremos es blindar el accionar de las escuelas y los docentes y focalizarlo en lo que tiene que hacer la escuela", explicó García Zalazar.
El funcionario alertó sobre la aparición de estudios jurídicos que se promocionan para impulsar denuncias: "Hay muchos estudios jurídicos que ya se promocionan diciendo que si tu hijo tiene situación de violencia en la escuela, vení y denunciémoslo. O sea, el negocio es fuera del colegio." Esto, advirtió, lleva a "una espiral de acciones legales que no van a solucionar el problema de fondo".
Actualmente, las escuelas aplican un protocolo para situaciones emergentes (violencia, abuso, maltrato, acoso, entre otros). No obstante, a pesar de las capacitaciones, el número de casos y de denuncias al 148, además de las presentaciones judiciales, sigue en aumento.
Ante esto, el Ministerio considera esencial establecer la responsabilidad de los padres como un factor clave que, a su criterio, los jueces a menudo no consideran.
La propuesta central consiste en modificar el Código Contravencional para penalizar a los padres cuando la escuela agota la instancia de mediación y estos "no hacen ninguna acción positiva" para frenar la situación de hostigamiento sistemático y sostenido.
La medida es también para aquellos padres que, lejos de colaborar, "magnifican la situación o incentivan a que sus hijos entren en esa espiral de hostigamiento y violencia entre pares."
Las sanciones que se proponen son:
Multas económicas que irán desde los 210 mil a los 2 millones de pesos.
Trabajo comunitario.
En caso de reincidencia, el código prevé que el juez pueda merituar la posibilidad de prisión.
"No es la única acción ni una herramienta mágica, pero es una ayuda y una herramienta que hoy no tenemos", señaló el ministro, destacando que Mendoza sería pionera en el país en aplicar un código contravencional con este alcance.
En paralelo a la propuesta de ley, el Ministerio está reforzando el accionar institucional:
Capacitaciones obligatorias: a partir de noviembre, se implementará una capacitación obligatoria para todos los empleados de la educación (docentes, no docentes, directivos) en herramientas de salud mental y, específicamente, en temas de bullying.
Mejora de protocolos: se continuará mejorando y aplicando los protocolos escolares.
La propuesta de modificación del Código Contravencional fue presentada recientemente y ya tiene una agenda en el Senado. El objetivo de la cartera educativa es que se logre el tratamiento y la sanción antes de fin de año, para que el nuevo protocolo y las capacitaciones previas en febrero de 2026 permitan su aplicación plena a partir del ciclo lectivo de marzo.
video