En la 70ª sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, la abogada Florencia Morán presentará los avances de Mendoza. De qué se trata.
ONU: una abogada mendocina expondrá en Nueva York los avances locales en derechos y protección de mujeres
ONULa abogada mendocina Florencia Morán participará por segunda vez en la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (ONU), donde presentará los avances de Argentina —y en particular de Mendoza— en materia de tutela judicial efectiva, acceso a la Justicia y políticas públicas para la protección de mujeres y niñas frente a situaciones de violencia y trata de personas.
La Comisión Jurídica y Social de la Mujer es un órgano de la ONU integrado por los Estados miembros, organismos internacionales —como UNICEF— y organizaciones de la sociedad civil. Se trata de uno de los espacios más relevantes a nivel global para debatir y evaluar políticas vinculadas a los derechos de las mujeres, tanto en su dimensión social como jurídica.
En su 70ª sesión, el eje prioritario será el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en la protección y defensa de los derechos de mujeres y niñas. En ese marco, Mendoza será presentada como un caso testigo por su estructura judicial especializada y por la articulación entre normas, operadores de justicia y políticas públicas.
Morán, quien trabaja desde el ámbito privado en derecho de familia y protección de mujeres en situación de vulnerabilidad, y desde hace algunos años también en la temática de trata de personas desde una organización civil, destacó que Argentina se encuentra “muy bien posicionada” a nivel internacional en esta materia.
Entre los puntos que se expondrán en Nueva York se encuentra la existencia de tribunales especializados en familia y violencia familiar, algo que —según explicó— no es habitual en muchos países del mundo. Mendoza cuenta además con un Código Procesal específico y con jueces especializados, protocolos con perspectiva de género y accesibilidad territorial: hay juzgados de familia en cada departamento y un sistema de guardias que extiende la atención más allá del horario habitual para responder ante medidas urgentes de protección.
La abogada subrayó que el avance no se limita a la normativa, sino que incluye políticas públicas complementarias y programas de acompañamiento. Oficinas municipales y provinciales de género, asistencia gratuita cuando la mujer no puede afrontar el costo de un abogado y dispositivos de contención buscan reducir la desigualdad estructural que muchas veces dificulta el acceso a la justicia.
Consultada sobre qué explica la diferencia entre Mendoza y otras jurisdicciones, Morán fue contundente: la clave está en la decisión política y en la incorporación de la perspectiva de género como política de Estado. “Es transversal”, afirmó, al señalar que las medidas impactan en múltiples ámbitos de la vida de las mujeres.
No obstante, reconoció que persisten desafíos. Los femicidios y los hechos de violencia extrema siguen generando cuestionamientos sociales sobre la efectividad del sistema. “Hay avances, pero también desafíos para seguir ajustando”, sostuvo, al remarcar que la intención es continuar perfeccionando herramientas para prevenir situaciones que puedan escalar hacia desenlaces fatales.
La comparación internacional también aporta dimensión al debate. Mientras en Argentina el consentimiento en casos de violencia sexual está claramente regulado y el matrimonio infantil está prohibido, en amplias regiones del mundo estas prácticas continúan siendo legales o socialmente aceptadas.
Para Morán, el camino hacia un estándar ideal no depende solo del Estado. Considera fundamental la articulación entre sector público, ámbito privado y organizaciones de la sociedad civil para abordar nuevas problemáticas y adaptar las respuestas institucionales a contextos cambiantes.
“Aunque no lo creamos, Argentina está de avanzada respecto de muchas legislaciones europeas y de Estados Unidos en algunos aspectos de protección de derechos de las mujeres”, afirmó. Sin embargo, insistió en que el desafío es sostener y profundizar las políticas, reducir las brechas de desigualdad y fortalecer el acceso real y efectivo a la justicia.
Con esa premisa, la experiencia mendocina será presentada ante la comunidad internacional como ejemplo de un modelo que combina especialización judicial, cercanía territorial y políticas públicas integrales, en un escenario global donde millones de mujeres aún enfrentan obstáculos estructurales para ejercer plenamente sus derechos.