Apunta al recupero financiero de parte de la cartera de beneficiarios y la regularización dominial en relación a la escrituración definitiva. .
Extienden el plazo para cancelar deudas del Instituto Provincial de la Vivienda.
Foto: Cristian LozanoEl Gobierno reglamentó la ley recientemente sancionada por la Legislatura Mendoza que les extiende el plazo a los deudores hipotecarios del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) para ponerse al día y que brinda la posibilidad de cancelar anticipadamente su casa.
Este lunes se promulgó la norma con la firma del gobernador Alfredo Cornejo para la regularización dominial y la cancelación anticipada de viviendas otorgadas por el IPV. Con esto se apunta a facilitar la escrituración definitiva de las viviendas adjudicadas, mientras que también se enfoca en mejorar el recupero financiero de la institución.
Plantea el recupero financiero de parte de su cartera de beneficiarios/as y la regularización dominial en relación a la escrituración definitiva de esas viviendas adjudicadas. Al mismo tiempo, permite tomar decisiones sobre los procesos administrativos que correspondan de acuerdo a la situación en las que se encuentran distintas deudas asumidas.
El proyecto introduce modificaciones que amplían los beneficios ya establecidos para los adjudicatarios de viviendas y créditos, abarcando a un mayor número de beneficiarios que se encuentran en distintas etapas del proceso de pago y regularización de sus deudas. La iniciativa también contempla la simplificación de los procedimientos administrativos, buscando resolver la situación de aquellos casos en los que aún no se ha determinado el costo definitivo de las viviendas.
Además, se establece un régimen especial que permite la cancelación anticipada de las deudas, con descuentos significativos para quienes se acojan a esta opción. También se contemplan medidas específicas para los casos en los que el saldo pendiente es de baja cuantía, permitiendo su cancelación bajo condiciones más favorables.
La extensión de estos beneficios estará vigente hasta marzo de 2026, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el año siguiente, lo que brinda un plazo adicional para que los beneficiarios puedan regularizar su situación.