El Gobierno exigirá a los padres el pago de los daños patrimoniales causados por falsas amenazas de bomba o actos de intimidación causados por menores.
Los padres deberán responsabilizarse por los costos de los operativos.
Foto: Medios AndinosEn respuesta a la reciente ola de amenazas que han alterado la paz institucional en las escuelas de Mendoza, la Dirección General de Escuelas iniciará acciones legales a los padres o tutores de los menores para reclamar el pago de los operativos derivados de actos de intimidación pública, falsa alarma o cualquier maniobra que perturbe el orden institucional.
Para ello, la DGE ha dispuesto la citación obligatoria de los adultos responsables del 100% de la matrícula de los niveles Primario y Secundario en toda la provincia. Las familias deberán asistir a los establecimientos de manera presencial e individual para notificarse bajo firma, un proceso que las instituciones deben organizar mediante cronogramas específicos.
Se busca garantizar que la totalidad de los padres asuma formalmente este nuevo compromiso de convivencia y responsabilidad civil.
El punto más riguroso de la normativa es el traslado de las consecuencias económicas a los adultos responsables. Según el documento, se iniciarán acciones legales para que los padres o tutores afronten el pago de los costos operativos derivados de actos de intimidación pública, falsa alarma o cualquier maniobra que perturbe el orden escolar.
Cada despliegue de las fuerzas de seguridad representa una erogación extraordinaria para el Estado que ahora será reclamada patrimonialmente a las familias.
Asimismo, la DGE recuerda que estas conductas están tipificadas como Intimidación Pública bajo el artículo 211 del Código Penal y sujetas a las sanciones del Código Contravencional de Mendoza.
La circular introduce el concepto de "deber de garantía", estableciendo que el ingreso de un alumno a la escuela presupone una supervisión previa en el hogar.
El operativo de firmas tiene como fecha límite el 6 de mayo de 2026. Cada familia será notificada por las autoridades escolares y deben asistir presencialmente para notificarse de forma fehaciente.
A diferencia de otras medidas, este operativo abarca a la totalidad de las familias de los niveles Primario y Secundario. Las Supervisiones escolares tienen la instrucción de garantizar que el cien por ciento de la matrícula sea notificada bajo firma. El objetivo es preventivo: consolidar la autoridad pedagógica y establecer límites claros para todos los adultos responsables antes de que ocurran transgresiones
En caso de que un adulto se niegue a firmar, el protocolo instruye a los directivos a labrar un Acta Supletoria con testigos para garantizar el respaldo legal de la escuela.
Por otro lado, la inasistencia injustificada o la actitud negligente podrá ser tipificada como "Negligencia" (Art. 30 Ley 26.061), lo que derivará en la intervención de los organismos de protección de derechos (ETI) y autoridades judiciales.
La DGE enfatizó que el cuidado de sus docentes y directivos es una "prioridad inalienable", comprometiéndose a ejercer su defensa ante hechos que afecten su autoridad pedagógica.
Finalmente, las escuelas deberán sistematizar la información de este operativo, reportando la cantidad de alumnos notificados y cualquier situación de riesgo identificada en la comunidad.
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