La iniciativa busca evitar privilegios en el uso de recursos públicos e impedir casos como el ocurrido a nivel nacional con el BNA. Los detalles de la propuesta.
La iniciativa pretende reducir discrecionalidad a la hora de entregar viviendas.
Foto: Prensa Gobierno de MendozaEn medio de la polémica por los créditos hipotecarios millonarios otorgados a funcionarios del gobierno nacional por el Banco Nación, en Mendoza se presentó un proyecto que apunta en la misma dirección: limitar el acceso de la política a las casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Es decir, beneficios financiados con recursos públicos.
La iniciativa fue impulsada por el senador sanrafaelino Mauricio Sat (PJ) y propone prohibir que funcionarios y sus familiares accedan a viviendas del organismo provincial, con el objetivo de evitar abusos de poder y garantizar una distribución más equitativa.
Según el texto, “ningún funcionario de los tres poderes del Estado mendocino, ni del ámbito municipal, podrá acceder a una vivienda del IPV”, una restricción que también alcanza a familiares directos y a personas vinculadas comercialmente.
La presentación se da en medio de la difusión de casos de préstamos otorgados por el Banco Nación a dirigentes y funcionarios, que encendió el debate sobre el uso de recursos públicos y posibles privilegios.
En ese escenario, la propuesta de Sat busca trasladar esa discusión al plano provincial, enfocándose en el acceso a la vivienda. El planteo de fondo es similar: evitar que quienes ocupan cargos de poder puedan beneficiarse de herramientas estatales pensadas para sectores más vulnerables.
La iniciativa establece una amplia nómina de cargos alcanzados. Incluye desde el gobernador y sus ministros hasta legisladores, jueces, intendentes, concejales y autoridades de organismos de control.
Además, la restricción se extiende a familiares hasta el primer grado de consanguinidad y a socios o personas vinculadas, con el objetivo de cerrar posibles vías indirectas de acceso.
Otro punto clave es que la incompatibilidad se mantiene hasta dos años después de dejar el cargo, para evitar beneficios derivados de la función pública.
La propuesta también incorpora cambios para reforzar la transparencia en la adjudicación de viviendas. Entre ellos, establece que el IPV deberá publicar de manera permanente y en formato digital abierto el Registro Único de Adjudicatarios, incluyendo:
El objetivo: garantizar acceso público a la información, facilitar el control ciudadano y reducir la discrecionalidad.
En los fundamentos, el proyecto remarca que el acceso a la vivienda es un derecho social fundamental y que, en un contexto de recursos limitados, el Estado debe priorizar a los sectores más vulnerables.
También advierte que la normativa vigente no establece incompatibilidades específicas para funcionarios, lo que puede derivar en conflictos de interés y desigualdad en el acceso.
El texto establece que toda adjudicación que viole estas disposiciones será nula, sin descartar responsabilidades administrativas, civiles y penales. Además, prevé que el IPV cruce información con otros organismos para verificar el cumplimiento de la ley.
El senador acompañó la presentación con testimonios de vecinos respaldando el proyecto. “Deberían ser para la gente más carenciada”, “llevo años inscripto sin resultados” o “la vivienda es para quienes realmente la necesitan”, son algunas de las experiencias compartidas.
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