Estadísticas oficiales ponen en duda la supuesta “industria del juicio” uno de los argumentos centrales para sostener la reforma laboral
En el debate público de la reforma laboral se ha instalado con fuerza una premisa que opera como verdad revelada en amplios sectores de entidades empresariales y de la dirigencia política: la existencia de una supuesta “industria del juicio”.
Sobre ese supuesto, la administración de Javier Milei construye buena parte de su argumentación para impulsar la reforma laboral que negocia contra reloj con los gobernadores y diversas cámaras empresariales y sindicalistas. Sin embargo, cuando la consigna se contrasta con la evidencia empírica que surge de los tribunales y de las estadísticas oficiales, el edificio retórico comienza a mostrar fisuras profundas.
La idea de un sistema judicial laboral desbordado por demandas abusivas funciona hoy como una verdad incuestionable. Bajo ese paraguas, La Libertad Avanza propone limitar honorarios profesionales, acotar tasas de interés en las sentencias y avanzar hacia esquemas de fondos de cese laboral financiados por los propios trabajadores. El diagnóstico parece apoyarse más en un relato que en una lectura rigurosa de los datos disponibles.
Para dimensionar el fenómeno, es necesario observar primero las condiciones actuales del mercado de trabajo. Según la Encuesta Permanente de Hogares, la informalidad alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, lo que equivale a unos nueve millones de personas que trabajan al margen de la legislación laboral. En el segmento juvenil, entre los 16 y los 24 años, la situación es todavía más grave: casi dos tercios de los ocupados carecen de registración, aportes y cobertura social.
Si la informalidad fuese el combustible de una maquinaria judicial voraz, la consecuencia lógica sería un colapso de los tribunales laborales. Pero eso no ocurre. Las proyecciones de 2025 (los números finales se conocerán seguramente después de la feria judicial) indican que las demandas laborales apenas superarían las 132.000. Esa cifra representa alrededor del 1,4% del universo de trabajadores que, por encontrarse en situación irregular, estarían en condiciones de reclamar judicialmente. Conclusión: la inmensa mayoría de los incumplimientos patronales prácticamente nunca se traduce en un expediente.
La radiografía del fuero laboral confirma esa lectura. Un relevamiento del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presentado a fines del año pasado, muestra que, entre 2014 y 2023, la Justicia Nacional del Trabajo dictó en promedio unas 25.700 sentencias definitivas por año. Si se compara ese volumen con la población ocupada formal del Área Metropolitana de Buenos Aires, las sentencias representan apenas el 0,5% anual de la fuerza laboral. Entonces no aparece rastro alguno de una dinámica explosiva o de la famosa industria del juicio.
Los informes más recientes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, correspondientes a marzo de 2024, refuerzan esa conclusión. La variación interanual en la cantidad de sentencias dictadas fue moderada y los expedientes listos para sentencia equivalen a solo el 0,12% de la masa laboral del país. La estabilidad, y no el desborde, parece ser la regla. Conviene recordar que el juicio es la última instancia: la mayor parte de los conflictos se resuelve, o se diluye, en negociaciones individuales, acuerdos administrativos o mecanismos de conciliación obligatoria.
Otro de los pilares del discurso oficial sostiene que la litigiosidad amenaza la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el análisis del origen de los reclamos vuelve a matizar esa afirmación. Una porción significativa de los juicios laborales corresponde a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, encuadrados en la Ley de Riesgos del Trabajo. En 2023 se iniciaron 117.770 demandas de este tipo, una cifra cercana al 1% de los trabajadores asegurados y alineada con los promedios históricos desde la década de 1990.
El dato clave es el sujeto demandado. En la mayoría de esos casos, las acciones judiciales se dirigen contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, creadas precisamente para absorber ese tipo de contingencias y evitar que un siniestro derive en la quiebra del empleador. Las empresas solo son demandadas de manera directa cuando existen faltas graves, como la ausencia de registración o incumplimientos manifiestos de las normas de seguridad.
La historia aporta un elemento adicional. Los niveles actuales de litigiosidad resultan modestos si se los compara con el verdadero pico registrado a comienzos de los años noventa, durante el proceso de privatizaciones y destrucción masiva de empleo. En ese contexto, la insistencia en reformar la legislación laboral a partir de casos excepcionales o percepciones amplificadas conlleva un riesgo evidente: el de erosionar derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo bajo el pretexto de resolver un problema que las estadísticas no corroboran.
La informalidad juvenil, en particular, expone con crudeza esa contradicción. Se trata de un vasto universo de incumplimientos legales que, lejos de alimentar una supuesta “industria del juicio”, permanece mayoritariamente fuera del sistema judicial. Los datos sugieren que el problema no es un exceso de reclamos, sino exactamente lo contrario: una notable subutilización de las herramientas legales disponibles.
La evidencia disponible indica que la llamada “industria del juicio” opera más como un recurso discursivo que como un fenómeno estructural. Legislar sobre esa base implica correr el riesgo de intervenir sobre la excepción y no sobre la regla, con consecuencias que podrían alterar de manera duradera el equilibrio entre capital y trabajo en la Argentina.