Antes de las sesiones extraordinarias, el oficialismo intensifica reuniones con gobernadores, senadores y sectores sindicales para llegar al recinto con los avales necesarios.
Patricia Bullrich, una de las responsables de las negociaciones con la oposición.
El Gobierno nacional acelera las negociaciones políticas y técnicas para lograr la aprobación de la Ley de Modernización Laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero. Con reuniones contrarreloj en el Senado y una agenda activa con gobernadores, el oficialismo confía en reunir los 37 votos necesarios para la media sanción en la Cámara alta.
El proyecto es el eje central del temario que el presidente Javier Milei habilitó para el período extraordinario, que se extenderá del 2 al 27 de febrero, y el objetivo es llevarlo al recinto el próximo 11 de febrero.
Mientras el Congreso permanece en receso, La Libertad Avanza avanza con encuentros reservados entre funcionarios, senadores y actores sociales para cerrar la redacción final de la iniciativa. En el Senado, una comisión técnica trabaja desde hace semanas en ajustes al texto que serán planteados directamente en el recinto.
Desde el oficialismo reconocen que el proyecto tendrá modificaciones, aunque aseguran que los puntos centrales ya cuentan con consenso. “La parte esencial está acordada”, admiten en el bloque libertario, donde remarcan que los cambios apuntan a destrabar apoyos de último momento.
En paralelo, dirigentes sindicales y empresarios participan de las rondas de diálogo, con el foco puesto en adaptar la legislación laboral a nuevas modalidades de empleo sin afectar derechos adquiridos.
Uno de los ejes clave de la negociación pasa por los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda intensa con mandatarios provinciales para garantizar respaldos políticos y legislativos.
El oficialismo ya consiguió el apoyo de los gobernadores de Chaco, San Juan y Mendoza, y busca cerrar acuerdos con los mandatarios de Neuquén, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. Según Santilli, “ningún gobernador puede oponerse a una ley que apunta a generar empleo privado e inversiones”.
El principal foco de conflicto está en el capítulo tributario, ya que algunos artículos reducen alícuotas de impuestos coparticipables. Desde Casa Rosada anticipan mecanismos de compensación para las provincias, con el objetivo de neutralizar resistencias.
Sin embargo, hay un grupo de senadores que aún no definió su postura, entre ellos representantes de Misiones, Santa Cruz y Córdoba, que podrían inclinar la balanza en la sesión.
Del otro lado, el bloque Justicialista y otros espacios opositores duros no darán quórum y votarán en contra del proyecto. Aun así, el Gobierno apuesta a repetir la estrategia que le permitió aprobar el Presupuesto 2026, sumando voluntades por fuera del núcleo propio.
La intención del oficialismo es tener la reforma laboral sancionada antes del 1 de marzo, cuando Milei encabece la Asamblea Legislativa y dé inicio al período ordinario de sesiones.
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