A pocas horas del envío a la Legislatura por parte de Rodolfo Suarez del proyecto de ley de reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Mendoza, la dirigencia política provincial se expresó en torno al expediente que comenzará a debatirse en comisión de Diputados.
Como era de esperar, los legisladores del oficialismo ponderaron la propuesta del Gobierno, que si bien inició como una iniciativa del seno del propio máximo tribunal, la falta de acuerdos en aspectos fundamentales por parte de sus siete miembros, devino en un expediente diagramado por las espadas judiciales del Ejecutivo: el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino y el ministro de Gobierno Víctor Ibañez.
El presidente del bloque Cambia Mendoza en el Senado, Martín Kerchner, se hizo eco de los fundamentos del proyecto oficial, que indican que las modificaciones a la Ley 4.969 (concretamente, la nueva normativa la deroga) le otorgan “ instrumentos al alto tribunal para que actúe con mayor celeridad, transparencia y eficacia el servicio de justicia que los ciudadanos merecen y reclaman”.
En la misma sintonía se expresaron sus compañeras de banca Mercedes Rus (vicepresidenta del bloque) y Natacha Eisenchlas (presidenta provisional del Senado, quienes plantearon que la propuesta de Suarez “mejora el servicio de justicia” y es “un paso más hacia la calidad institucional”. La segunda pidió al resto de las fuerzas políticas debatir el texto “con respeto y honestidad intelectual”.
Del lado del peronismo se expidió el titular del bloque del Frente de Todos en la cámara alta, Lucas Ilardo, cuyas palabras fueron respaldadas por la presidenta del Partido Justicialista y senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. “Lo que se viene: mayoría automática radical en la justicia de Mendoza”, escribió el legislador.
El senador linkeó un hilo de Twitter publicado semanas atrás en el que hacía referencia al proyecto de reforma de la Suprema Corte. En ese momento esbozó un análisis en el que sostuvo que “el radicalismo tiene control absoluto de la institucionalidad de nuestra provincia” en relación a las designaciones -con acuerdo prestado por el Senado- de dirigentes vinculados a ese espacio en el Tribunal de Cuentas, Asesoría de Gobierno, Procuración, Contaduría General y la Oficina de Ética Pública. “Solo falta la Suprema Corte, es lo que viene”, escribió Ilardo.
“El peronismo de Mendoza viene denunciando hace mucho esto. No lo vamos a permitir. El velo está cayendo”, concluyó por entonces el legislador.
A grandes rasgos, la iniciativa -que consta de 17 artículos- establece que la Suprema Corte funcione como un “colegio de jueces” y que todos sus miembros -incluso el presidente- cumplan funciones jurisdiccionales.
Para la resolución de cada causa que ingrese al tribunal, se realizará un sorteo entre los siete ministros para definir los tres que dictarán sentencia. De este modo, se modificaría el funcionamiento por salas que rige actualmente y eliminaría el denominado “forum shopping” mediante el cual se puede “elegir” la sala que entenderá en la causa.
Asimismo, regula la figura de los fallos plenarios -cuando votan los siete miembros de la Corte-, que podrán ser convocados “si se considerare necesario unificar criterios de interpretación de la ley o cuando existieren sentencias contradictorias y con el objeto de unificar la jurisprudencia”, según especifica el proyecto. La polémica aquí es que la convocatoria podrán realizarla dos miembros de la sala sorteada, el presidente de la Corte (hoy, Dalmiro Garay) o tres ministros cualquiera del tribunal.
Además, la reglamentación que envió el Gobierno fija las facultades y deberes de la Superintendencia Administrativa de la Corte, del presidente y del Administrador General del Poder Judicial, cargo creado por la nueva ley.