Roll over

Refinanciación de la deuda por decreto: el radicalismo rechazó la sesión especial que pidió el PJ

Andrés Lombardi, presidente de la cámara de Diputados, no hizo lugar a la solicitud de la oposición. Cuál es el camino que atravesará la estrategia del Gobierno

La toma de nueva deuda para pagar antigua (conocida como roll over) sin el aval de la Legislatura (como exige el artículo 41 de la Constitución Provincial) es cuestionada por la oposición, que antes de Año Nuevo pidió una sesión especial para este lunes con el fin de tratar el decreto en el Parlamento.

Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, sobre la base que la Legislatura atraviesa por estos días (y hasta fin de mes) el receso veraniego, que fue aprobado por unanimidad por el cuerpo.

Cámara de diputados
Lombardi, presidente de la cámara de Diputados, rechazó convocar a sesión especial para tratar el decreto de refinanciación de la deuda firmado por Suarez

Lombardi, presidente de la cámara de Diputados, rechazó convocar a sesión especial para tratar el decreto de refinanciación de la deuda firmado por Suarez

Un grupo de diputados/as del Frente de Todos (FdT) había elevado la nota a la presidencia para reunirse de forma extraordinaria este 2 de enero a las 10.30. En la misma, dejaron asentado que el decreto de Suarez “pone en serio riesgo la institucionalidad mendocina, la división de poderes y el sostenimiento del republicanismo provincial”.

Los legisladores opositores consideran que el refinanciamiento sin autorización legislativa implica “una reinterpretación de la norma que contradice la que siempre han sostenido el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestra provincia”, además de una contradicción al dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien también cuestionó la legalidad de una disposición de esas características.

“Hay una intención clara de que no se debatan estos temas ríspidos en donde deberían tratarse, porque siguen gestionando a espaldas del pueblo”, se quejó uno de los firmantes del pedido a Lombardi, José Luis Ramón.

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El diputado de Protectora (partido que integra el FdT) evaluó que “un decreto para emitir nueva deuda el último día hábil del año 2022, nos determina la intencionalidad de que dicha decisión no pase por la Legislatura provincial, como debería ser cualquier toma de deuda”.

Estrategia oficialista y opositora

Está claro que la vigencia del decreto no se definirá en la Legislatura. La última palabra la tendrá la Suprema Corte, donde ya ingresó una acción de inconstitucionalidad por parte del Partido Verde y a la que se sumará una del peronismo que será presentada en los próximos días.

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En primera instancia, el oficialismo “lleva las de ganar” en el máximo tribunal, que resolverá el recurso en pleno (con la participación de sus siete miembros) y entra en juego el “4 a 3” entre los magistrados denominados “filoradicales” y los “filoperonistas”.

Sea cual sea el resultado de esa votación, la parte que quede disconforme con el fallo seguramente apelará ante la Corte Suprema nacional, que deberá definir si acepta o no la causa.

La defensa del oficialismo girará en torno a lo expuesto en los considerandos del propio decreto, así como en el informe conjunto de la Subsecretaría de Finanzas y la Dirección General de Crédito al Sector Público, que el Ejecutivo adjuntó en la presentación ante la Fiscalía de Estado.

Básicamente, el Gobierno entiende que la operatoria se enmarca en lo previsto en el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera de Mendoza (N° 8.706), que faculta al Ejecutivo a reestructurar sus pasivos mediante su “refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia”.

Ese artículo fue votado con los dos tercios de la Legislatura (NdR: la norma fue sancionada en 2014 con el acompañamiento del PJ y la UCR; sólo el FIT y el PD se opusieron) y nos autoriza a mejorar la deuda. Es sensatez, sentido común absoluto, y es legal”, argumentó Suarez en una charla de fin de año con Medios Andinos.

Entrevista a Medios Andinos 2022, Rodolfo Suarez.jpg
Suarez entiende que lo dispuesto por decreto es constitucional y anticipó: "lo vamos a defender en todas las instancias"

Suarez entiende que lo dispuesto por decreto es constitucional y anticipó: "lo vamos a defender en todas las instancias"

Simón incluso en su dictamen coincidió que la colocación de bonos en pesos para luego adquirir dólares al precio oficial y utilizarlos para cancelar la deuda es beneficioso para las arcas provinciales, pero -opinó- no es legal. Por eso dejó asentada la necesidad de modificar la normativa en la Legislatura para que el Ejecutivo cuente con el roll over de forma permanente.

No obstante, desde la oposición no sólo consideran que el decreto “desconoce la Constitución, las leyes de la Provincia e invade competencias del Poder Legislativo” -como expresó en un proyecto de declaración la diputada Natalia Vicencio-, sino que lo interpretan perjudicial también en términos económicos.

Lo advirtió el economista y asesor del PJ, Nicolás Aroma, quien analizó que un nuevo endeudamiento bajo cuestionamientos jurídicos de un sector del arco político presentaría un mayor riesgo para los bonistas privados, que “se cubrirán de todo el riesgo de litigiosidad latente con una tasa alta de interés”. “Una deuda riesgosa, será necesariamente una deuda cara”, planteó el especialista.

Así las cosas, el “rolleo” que propuso Suarez para atravesar su último año de gestión con mayor tranquilidad no tiene el camino allanado. La Justicia definirá.

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