Tras finalizar su gira más extensa desde que asumió, el presidente Javier Milei regresa al país con la intención de activar una serie de decretos clave antes del 8 de julio, fecha en que vencerán las facultades delegadas que otorga la Ley Bases.
El Gobierno prepara una batería de decretos antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas por la Ley Bases. A qué áreas apuntan.
Tras finalizar su gira más extensa desde que asumió, el presidente Javier Milei regresa al país con la intención de activar una serie de decretos clave antes del 8 de julio, fecha en que vencerán las facultades delegadas que otorga la Ley Bases.
En la Casa Rosada trabajan contra reloj: restan menos de cuatro semanas para que caduquen esas atribuciones extraordinarias, lo que deja un margen muy acotado para concretar cambios profundos sin pasar por el Congreso.
Fuentes oficiales citadas por el sitio Infobae indicaron que al menos trece decretos ya están redactados y listos para ser firmados. Entre las medidas que se incluirán figuran:
Recorte del gasto público
Cierre de organismos estatales
Centralización de funciones dentro del Ejecutivo
La urgencia responde a que, con el vencimiento de las facultades delegadas, el Gobierno perderá herramientas para avanzar con reformas sin negociación parlamentaria.
Una de las medidas más sensibles será la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Según anticipó Infobae, podría incluir despidos, venta de inmuebles y un rediseño en la gobernanza del organismo.
También están bajo revisión el Senasa, la ANMAT, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer. Este último fue objeto de anuncios meses atrás, pero su desregulación aún no fue reglamentada.
Las áreas que concentrarán la mayor cantidad de reformas serán Salud, Capital Humano y Economía. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que cada decreto debe pasar por un proceso legal complejo, lo que podría dificultar su implementación dentro de los plazos disponibles.
Desde el entorno presidencial también advirtieron que los anuncios podrían demorarse por razones políticas y mediáticas, como el impacto de un posible feriado o una eventual detención de Cristina Fernández de Kirchner, que podría alterar la agenda del Gobierno.
Las reformas también buscarán reducir aún más la planta estatal. En el último año, la cantidad de empleados públicos cayó de 322.000 a 292.000. A su vez, los sueldos de altos funcionarios siguen congelados desde diciembre de 2023 y los monotributistas reclaman actualizaciones que no se concretan desde octubre pasado.
Una de las grandes incógnitas será el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger. Si bien podría continuar con un rol consultivo, su capacidad real para impulsar cambios normativos se verá reducida una vez que el Ejecutivo pierda sus facultades especiales.