Mientras Diputados analiza la tercera etapa, el Senado ya trabaja en un nuevo tramo de revisión de leyes. El proceso incorpora a estudiantes universitarios y se adapta a una mayor producción normativa tras la reforma constitucional de 1994.
La Legislatura de Mendoza avanza con la Ley Hojarasca y revisa leyes de los años 90
Foto: Yemel FilLa Legislatura de Mendoza continúa con el proceso de ordenamiento del entramado legal provincial a través de la denominada “Ley Hojarasca ”, una iniciativa que busca eliminar normas en desuso, superpuestas o que han perdido vigencia con el paso del tiempo. En este contexto, el Senado ya avanza con la cuarta etapa del programa.
Según confirmó la vicegobernadora Hebe Casado a Sitio Andino, esta nueva fase marca un cambio en la dinámica de trabajo: los períodos de análisis serán más cortos debido al aumento en la producción legislativa que se registró a partir de la reforma constitucional de 1994. Este fenómeno, de alcance nacional, también impactó en las provincias y obliga a un abordaje más segmentado.
De esta manera, mientras la tercera etapa —ya aprobada por el Senado— se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, el equipo técnico y legislativo continúa avanzando en paralelo con una nueva revisión.
La Ley Hojarasca es un proceso de revisión integral del sistema normativo de Mendoza, cuyo objetivo principal es depurar el marco legal vigente. Esta iniciativa se da en paralelo al barrido que a nivel nacional encabeza el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
Se trata de identificar y derogar aquellas leyes que han quedado obsoletas, que fueron reemplazadas por otras normativas o que se superponen generando confusión jurídica.
El concepto de “hojarasca” hace referencia precisamente a ese conjunto de normas acumuladas a lo largo de décadas que ya no tienen aplicación práctica pero que continúan formalmente vigentes, lo que puede generar dificultades tanto para la administración pública como para los ciudadanos.
Desde la Legislatura explican que este trabajo permite simplificar el ordenamiento jurídico, mejorar la calidad normativa y facilitar el acceso a la legislación vigente, un punto clave en términos de transparencia y seguridad jurídica.
La primera y segunda etapa de la Ley Hojarasca fueron aprobadas en la Legislatura y abarcaron distintos períodos históricos del digesto provincial, con el foco puesto en identificar leyes sin vigencia real.
En estos tramos iniciales, el trabajo consistió en un relevamiento exhaustivo de normas sancionadas décadas atrás, muchas de las cuales habían quedado desactualizadas por cambios institucionales, reformas legales o simplemente por el paso del tiempo.
En la primera etapa, se analizaron 102 leyes sancionadas hasta 1950, de las cuales se propuso derogar 66. La revisión de normativas históricas permitió identificar diversas leyes que han sido reemplazadas por otras más recientes o que ya no tienen utilidad.
Hojarasca II eliminó 91 normas sancionadas entre 1950 y 1975. Y en esta tercera etapa se incluyeron iniciativas de entre los años 1976 y 1990. Como resultado del relevamiento, se propuso la derogación total de 134 normas y la derogación parcial de una, además de la eliminación completa de otras 16 leyes vigentes de períodos previos.
La cuarta etapa introduce una modificación en la lógica de trabajo. Mientras que en las fases anteriores se analizaron períodos más extensos , ahora el recorte temporal será menor.
En este caso, la revisión se concentrará en las leyes sancionadas entre 1990 y 1994. La razón de este cambio, según explicó Hebe Casado, está vinculada directamente con el incremento en la producción normativa que se dio a partir de la reforma constitucional nacional de 1994.
Esa reforma implicó una reconfiguración del sistema institucional argentino y generó un mayor dinamismo legislativo, tanto a nivel nacional como en las provincias. Como consecuencia, el volumen de leyes sancionadas en esos años creció significativamente, lo que obliga a segmentar el análisis en períodos más acotados para garantizar un estudio riguroso.
“Desde ahora vienen períodos más cortos de revisión”, explicó la vicegobernadora, al tiempo que remarcó que este cambio metodológico permitirá sostener la calidad del trabajo técnico.
Uno de los aspectos destacados de esta nueva etapa es la incorporación de estudiantes universitarios al proceso de revisión normativa. La Legislatura está trabajando en conjunto con alumnos de las carreras de Abogacía y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, así como de universidades privadas.
Se trata de un esquema de voluntariado mediante el cual los estudiantes participan en el análisis de las leyes, colaborando en la identificación de normas que podrían ser derogadas o que requieren una revisión más profunda.
Desde el Senado destacan que esta articulación con el ámbito académico permite enriquecer el proceso y generar una mirada más amplia sobre el entramado legal.
La expectativa oficial es que este trabajo continúe, abarcando nuevos períodos y consolidando un ordenamiento jurídico más eficiente y actualizado.