Los siete supremos de Mendoza acordaron un aumento salarial
El pasado 6 de junio, un mes antes de que los magistrados del Poder Judicial Mendoza acordaran un incremento salarial, los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJM) provincial convinieron aumentarse el sueldo, que llevó el básico a una cifra cercana a los dos millones de pesos.
Fue a través de la acordada Nº 31.098, que lleva la firma del presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay; y los ministros Julio Gómez y Omar Palermo.
El dictamen fijó la asignación de clase (básico) de los jueces supremos en $1.743.986,12 a partir de junio. Se trata de casi 15 Salarios, Mínimos, Vitales y Móviles (SMVyM), que en septiembre de 2023 se estableció en $118.000.
Sin embargo, los magistrados de la Corte de Mendoza recibirán otro incremento en estos días, ya que la Corte Suprema de la Nación dispuso – el pasado viernes- una actualización del 6,5% para todas las categorías del escalafón de la Justicia Federal.
Pero, ¿por qué afecta sobre los haberes de los jueces mendocinos este incremento de los federales? Es que por decreto 838/08 (ratificado por Ley Nº 7.854 de ese mismo año), el sueldo de los magistrados de Mendoza está “atado” a los aumentos que se dispongan a nivel nacional.
Con esta nueva actualización, el básico de un ministro supremo de Mendoza será de $1.857.345,22 (casi 16 SMVyM). A partir de allí hay que restar los descuentos (18% de jubilación, obra social, y seguros mutuales, además del Impuesto a las Ganancias, que solo abonan Garay y Teresa Day), y sumar los adicionales (antigüedad).
Según aseguró el candidato a gobernador del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, los magistrados con mayor antigüedad en la Corte y que no pagan ganancias pueden alcanzar, de bolsillo, una cifra cercana a los 3 millones de pesos. Por caso, Pedro Llorente es juez supremo desde 1987, cuando fue propuesto por el primer gobernador de Mendoza desde el retorno a la Democracia, Felipe Llaver.
Pero además de los siete ministros de la SCJM, se ven beneficiados por estos aumentos los funcionarios judiciales equiparados a magistrados. Es que pese a que desde 2020 está vigente la Ley que limita esa situación por la cual personal que cumple funciones administrativas percibe salarios de juez supremo, una cautelar presentada por una veintena de ellos (que debe ser resuelta por el pleno de la Corte) permite que continúen cobrando esos haberes.
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