Antes del fin de semana el Gobierno daría a conocer la reglamentación del RIGI que se desprende de la aprobación de la Ley Bases.
El gobierno avanza en las diversas reglamentaciones del largo articulado de la Ley Bases. Mientras se conocían los detalles de aplicación de las reformas en un nuevo y polémico sistema de obra pública y se avanza en la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas los rumores indican que antes del fin de semana se conocería la reglamentación final del RIGI.
Un dato llamativo del avance de la reglamentación del Régimen de Inversiones, según se conoció, es que la redacción del (o los) decretos y anexos no está en manos del organismo de aplicación, el Ministerio de Economía, sino de la propia presidencia de la Nación.
El RIGI es (junto con el blanqueo) la esperanza del Gobierno de mejorar el flujo de dólares en la caja del Banco Central, no con el objetivo de dolarizar o habilitar la competencia de monedas, sino de poder cumplir con los acreedores internacionales, ya sea privados u organismos internacionales.
El discurso de la reactivación económica, que el Ejecutivo pega al RIGI, es simplemente una máscara para intentar justificar ante la sociedad lo ya se preanuncia como una serie de beneficios de características excesivamente discriminatorias contra cualquier otra inversión que se realice en la Argentina.
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El texto de la ley que aprobó el Congreso prevé la posible utilización de RIGI en nueve sectores económicos productivos, industria forestal, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica.
Sin embargo, en la realidad el piso de entrada al régimen de 200 millones de dólares hace que solo un tres de esas actividades (Minería, Petróleo y Energía) tengan posibilidades de entrar rápidamente.
A pesar de las promesas a algunos gobernadores y empresarios por ahora no se ven movimientos ciertos del gobierno para avanzar en algún posible RIGI para pymes o economías regionales que seguramente sería mucho más productivo para la generación de puestos de trabajo y reactivación de la economía.
Una de las grandes críticas de los círculos exportadores tanto industriales como del agro es la desaparición de la obligación de liquidación en el mercado de cambios de las divisas producidas por la exportación de sus productos a quienes ingresen en el régimen de inversiones
Así, en apenas cuatro años, los adherentes al RIGI ya no tienen obligación de pasar los dólares por el MULC por lo que pueden dejarlos en el exterior o traer una parte y liquidar en cualquiera de los mercados paralelos existentes y que no se desarmarán en el corto-mediano plazo.
Las PYMES e industriales nacionales también critican fuertemente la nula obligación de contratar servicios o proveedores locales. Si bien la ley fija en un mínimo 20 por ciento esa obligatoriedad de contratación, la redacción es tan laxa que es fácilmente salvable.
Uno de los rumores más fuertes que comenzaron a circular en estas horas sobre la reglamentación también desencadenará más de una polémica. Lo que el Gobierno presenta en los corrillos como reforzar la seguridad jurídica termina siendo una entrega total de la soberanía institucional.
Con la excusa de preservar a quienes entren en RIGI de los cambios políticos en la conducción del país se asegura que la reglamentación permitirá demandar al Estado Nacional si hay algún cambio de reglas, aunque sea por ley.
La reglamentación contendría un ítem insólito; Habilitaría a los inversores a demandar al país en más de un tribunal en el mismo momento, por ejemplo, en el CIADI y New York a la vez
En la reglamentación el Gobierno insistiría también con la adhesión de las provincias. Un argumento que solo es una chicana política ya que los beneficios que contempla el RIGI son todos de características nacionales por lo que las provincias no tienen ninguna incidencia ni podrían impedir que una inversión o empresa obtenga los beneficios del Régimen votado por el Congreso.
Sin embargo, toda esta construcción se parece mucho a un castillo de arena minutos antes de que suba la marea. Si se confirma el cambio de color de la Argentina en la lista del GAFI, será difícil que lleguen inversiones de calidad en el nivel que pretende el Gobierno a partir del RIGI.
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