El gobierno nacional ratificó la adenda que libera los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento para realizar obras en la provincia de Mendoza. La medida salió publicada este lunes en el boletín oficial de la Nación.
6 de agosto de 2026
El gobierno nacional ratificó la adenda que libera los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento para realizar obras en la provincia de Mendoza.
Alfredo Cornejo y Guillermo Francos.
El gobierno nacional ratificó la adenda que libera los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento para realizar obras en la provincia de Mendoza. La medida salió publicada este lunes en el boletín oficial de la Nación.
El decreto cuenta con las firmas del gobernador, Alfredo Cornejo y los ministros de la Nación, Guillermo Francos del Interior y Luis Caputo de Economía.
El documento rubricado en Buenos Aires amplía el destino de los fondos por los perjuicios por la Promoción Industrial a “otras obras de infraestructura necesarias para su desarrollo (de la provincia)”, que el Gobierno anunció que deberán cumplir al menos una característica: la garantía de repago de su costo.
La adenda estipula que los recursos “serán aplicados exclusivamente a financiar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial y sus accesorios, quedando expresamente prohibida su aplicación a gastos corrientes”.
Ahora, Cornejo puede utilizar U$S1.023 millones para distintas obras, que tendrán que ser propuestas por los intendentes con los respectivos proyectos ejecutivos y evaluadas por el Banco de Inversiones. El criterio -en términos generales- será el repago que puedan generar para lograr un circuito de ingresos para futuras obras.
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La promoción industrial aplicada en los años 90 discriminó a Mendoza, llevándola a demandar al Estado Nacional en 1998. En 2006, la Nación reconoció el reclamo y se comprometió a financiar la obra de Portezuelo del Viento. En 2018, un laudo fue favorable a Mendoza y en 2019 se autorizó cancelar la deuda de 1023 millones de dólares mediante la emisión de letras. Sin embargo, en 2022, el presidente Alberto Fernández ordenó revisar los estudios técnicos, a pedido de la provincia de La Pampa, que exigía una nueva Declaración de Impacto Ambienta, lo que perjudicó el avance del proyecto.
