El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este jueves Mendoza y compartió una agenda de actividades con el gobernador Alfredo Cornejo, que incluyó anuncios sobre obras y una conferencia de prensa conjunta.
Durante su visita a Mendoza, el ministro respaldó el proyecto oficialista y explicó el impacto en las arcas provinciales de la baja en Ganancias. Cómo afecta a Mendoza.
El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este jueves Mendoza y compartió una agenda de actividades con el gobernador Alfredo Cornejo, que incluyó anuncios sobre obras y una conferencia de prensa conjunta.
Allí, ambos funcionarios se refirieron al proyecto de modernización/reforma laboral que el oficialismo busca tratar en febrero y al impacto fiscal sobre las provincias que tendría la modificación del impuesto a las Ganancias incluida en la propuesta de Casa Rosada.
La modificación del tributo implicaría una baja en los recursos coparticipables, un punto que genera reparos entre varios mandatarios, incluso entre aquellos que acompañan el rumbo general del Gobierno nacional.
Al explicar la posición del Ejecutivo nacional, Santilli reconoció que el proyecto tiene un costo fiscal inicial para las provincias, aunque lo vinculó directamente con el objetivo de blanquear trabajadores y ampliar la base contributiva.
“Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos”, señaló el ministro, y explicó que ese efecto podría compensarse con el crecimiento del empleo formal. En ese sentido, afirmó: “Cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%”.
Santilli admitió que allí se concentra el debate con los mandatarios provinciales, especialmente con aquellos distritos que temen no poder absorber una caída de recursos en el corto plazo. “Algunos gobernadores plantean qué pasa si en 2027 esa formalización no sucede o no se da el crecimiento esperado”, sostuvo. Aunque aclaró que la discusión sigue abierta.
En ese sentido, destacó el rol de Mendoza dentro de ese esquema y elogió la gestión provincial: “Hay provincias que no tienen la espalda de Mendoza, que viene haciendo una transformación desde hace tiempo”. E insistió en que cualquier modificación al texto original debe respetar las pautas que ha impuesto el oficialismo: “Equilibrio fiscal, generación de trabajo formal y crecimiento económico”.
Por su parte, Cornejo coincidió en que toda baja impositiva implica una merma en la recaudación, pero pidió ampliar la mirada sobre el efecto positivo que generará entre empleados y empleadores. “Todo impuesto que se elimina es una baja de recaudación, tanto para las provincias como para la Nación, pero también son trabajadores y empresas mendocinas que van a dejar de pagarlo”, evaluó.
En ese sentido, señaló que su rol es velar por un equilibrio general “y no solo por el interés particular”. “No quiero que se caiga la recaudación, pero tampoco que las empresas y los trabajadores paguen más impuestos de los que corresponde”, dijo al respecto.
Alineado a la administración libertaria, el líder radical defendió la lógica gradual del proyecto, aunque hizo hincapié en la necesidad de que las reformas vayan acompañadas de crecimiento económico. “Si la economía crece, vamos a recaudar más y no va a haber tal pérdida de recaudación”, explicó. Y agregó: “Si logramos formalizar a los trabajadores que hoy están en negro, es un círculo virtuoso y no uno vicioso”.
Ambos coincidieron en que el punto central de la discusión pasa por la secuencia de aplicación de la reforma y por lograr los consensos necesarios en el Congreso. “Tenemos la convicción de que hay que hacerlo por el beneficio de las empresas y los trabajadores, pero hay que encontrar el punto de equilibrio y los votos necesarios para que salga aprobado”, planteó Cornejo.
Santilli sumó un argumento adicional y buscó relativizar el impacto provincial en comparación con el nacional: “Ese 0,15% que pierde cada provincia se suma a un 0,5 o 0,6% que deja de recaudar la Nación”, explicó. “Ese ciudadano y esa empresa también dejan de pagar 0,5% nacional; que es mucho más que el 0,15% que pierde cada provincia”, completó.
Cornejo completó la idea: “Que quede claro que lo que dejamos de recaudar no se lo queda la Nación, va a las empresas y a los trabajadores”.
El debate se apoya en un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que estimó el costo fiscal del cambio en el impuesto a las Ganancias incluido en el proyecto de reforma laboral, con impacto proyectado para el año 2027.
Según ese relevamiento, Mendoza aparece como la séptima provincia más afectada. Las jurisdicciones con mayor pérdida estimada serían:
En conjunto, el informe del IARAF calcula que la pérdida total para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ascendería a $1.124.666 millones, mientras que el impacto para la Nación sería de $789.334 millones. El costo fiscal total del proyecto alcanzaría así los $1.914.000 millones.

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