Tiene que haber reforma consensuada en la Corte.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza sigue en caída libre y puede provocar un grave daño institucional a la provincia. Entre el serio cuestionamiento a algunos de sus integrantes y el para nada consensuado proyecto de reforma que eliminará la especialidad en el tratamiento de los asuntos judiciales que le llegan para resolver, el máximo tribunal provincial pasa su peor momento desde el retorno de la democracia.
Así la Corte mendocina perdería no sólo la independencia de sus decisiones sino también idoneidad en los magistrados que las tomen.
Ya bastante amañada fue la maniobra que llevó a Teresa Day a integrarla, cuando juristas cuestionaban el cumplimiento de los requisitos para la ocupación de semejante cargo. Hay que recordar que Jorge Nanclares se vio envuelto en una doble renuncia para poder permitir el ingreso de Day.
El ex Presidente de la Corte había presentado su renuncia el 1 de junio, pero en forma condicional al otorgamiento del beneficio de la jubilación; y tres semanas después, el 29 de junio, volvió a renunciar, cuando todavía no le habían dado la jubilación.
Y así, entre los cuestionamientos que recibía Day y la “apurada” salida de Nanclares, se pasó a un proceso récord para asuntos tan delicados y que protocolarmente suelen llevar más tiempo: porque solo pasaron dos horas y media entre la votación del Senado a favor de su pliego y la toma de juramento de la abogada Day. Debe haber sido el nombramiento judicial más rápido del oeste argentino.
Pero si de tiempos se trata, mucho más llamativo es ver que un magistrado lleva más de 35 años en el cargo, a pesar del recambio que suele exigirse en otros poderes del estado, donde hasta las reelecciones han sido limitadas con aval de los Supremos. Nos referimos a Pedro Llorente y su atadura a la silla de poder, asunto que merece otro espacio, al margen de esta columna.
Ahora, el tema es la reforma que quiere anular el único rinconcito de poder que no tienen los radicales: la sala administrativa.
Ciertamente, el tema merece una discusión más profunda. Y a todas luces, en la Legislatura se ha sabido dar ese debate con más fuerza que la que posee el minúsculo grupo de supremos de origen no radical en la sede tribunalicia.
Omar Palermo y Mario Adaro, particularmente, se plantaron firmes desde que vieron que el apoyo lo recibían incluso de personalidades de una altura y trayectoria jurídica incuestionables, como Aída Kemelmajer, quien dio en la tecla cuando sintetizó todo en el concepto que con esta reforma se perdería la especialidad y se vulneraría la independencia de la justicia mendocina.
Es que es muy simple. Esa sala es la única donde no tienen mayoría automática los “reformadores”. Pero es una sala decisiva y de trascendencia institucional básica, porque trata nada menos que las demandas contra el Estado.
Por ello, Palermo se animó a decir que lo que se está intentando es un “plan de sometimiento del Poder Judicial”.
Y no cabe dudas de que apurar reformas de este tipo sin el consenso de los propios integrantes de la Corte, llevándolo a fueros políticos donde se vota por obediencia más que por conocimiento jurídico, es cuanto menos un error de gravedad institucional sin precedentes.
Esta Corte merece otra altura en las discusiones. Llevan años divididos en una grieta tan o más grande que la que políticamente divide al país.
Pero con el cuestionamiento y el aterrizaje forzado de quienes son nombrados Supremos o, peor aún, con la vergonzosa forma de aferrarse al poder por más de 35 años como lo hace Llorente, no hay garantías institucionales de que estos integrantes le den seriedad, credibilidad, especialidad y mucho menos independencia al máximo tribunal del Poder Judicial de Mendoza.