La Justicia federal analiza una compleja trama financiera que involucra transferencias a sociedades radicadas fuera del país.
Investigan si hubo administración fraudulenta de fondos de la AFA (presidida por Claudio Tapia), que debían destinarse a los clubes.
Siguen apareciendo elementos en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según las líneas de investigación, al menos US$50 millones generados por la actividad internacional de la Selección Argentina habrían sido desviados, sin que esos recursos llegaran a su destino reglamentario: el fortalecimiento económico de los clubes locales.
El expediente es instruido por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la intervención de la fiscal federal Cecilia Incardona. La causa reconstruye un flujo de fondos que habría circulado por distintas sociedades radicadas en el exterior, sin una actividad económica clara que justifique los movimientos millonarios detectados en la institución presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.
El monto investigado se encuentra fragmentado en giros hacia cinco firmas específicas:
Velpasalt Global LLC: US$14,7 millones
Marmasch LLC: US$13,4 millones
Soagu Services LLC: US$10,8 millones
Dicetel: US$4,8 millones
Velp LLC: US$3 millones
En el centro de la investigación aparece la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni. Esta firma habría administrado y recaudado los ingresos internacionales de la AFA, que globalmente alcanzarían los US$260 millones.
Los fondos provendrían de contratos estratégicos vinculados a la Selección Argentina, incluyendo amistosos internacionales, el convenio con la marca Adidas y los derechos comerciales derivados de la plataforma de streaming AFA Play.
La fiscalía intenta determinar qué porcentaje de esos ingresos fue efectivamente liquidado a la AFA y por qué una parte significativa no habría ingresado formalmente al circuito institucional.
En una de sus últimas resoluciones, el juez Armella ordenó al Banco Coinag que informe en detalle sobre todos los productos bancarios, extractos históricos y plazos fijos vinculados a las empresas mencionadas.
Aunque desde la entidad aseguraron cumplir con las normativas del Banco Central y las leyes de prevención de lavado de activos, en el expediente ya consta la detección de irregularidades. Entre ellas, una certificación contable atribuida a un profesional que resultó ser falsa y que habría sido utilizada para la compra de vehículos, situación que ya fue acreditada judicialmente.
Fuentes cercanas a la fiscalía señalaron que “la reconstrucción de este circuito es vital para entender si hubo una administración fraudulenta de recursos que pertenecen al fútbol argentino”.
La causa no se limita al plano internacional. Como parte de la investigación, la Justicia ordenó un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y sobre un fideicomiso vinculado a la institución.
El objetivo es establecer si existe una conexión entre los fondos presuntamente desviados y el financiamiento de estructuras internas en el ámbito local. Los investigadores analizan la hipótesis de que parte del dinero no solo habría permanecido en sociedades extranjeras, sino que podría haber reingresado al sistema argentino para cubrir gastos operativos o personales, eludiendo controles impositivos.
La figura penal central es la administración fraudulenta, prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal. Se trata de un delito particularmente complejo cuando involucra asociaciones civiles sin fines de lucro como la AFA o los clubes.
Tras las últimas órdenes judiciales, la estrategia de la fiscal Incardona se dividirá en tres ejes técnicos:
Rastreo de activos (Asset Tracing): exhortos internacionales para identificar a los beneficiarios finales de las sociedades radicadas en Estados Unidos.
Peritaje caligráfico y digital: análisis de dispositivos electrónicos secuestrados para determinar la autoría de la certificación contable falsa.
Auditoría de flujos internacionales: cruce entre los contratos con Adidas y los ingresos por AFA Play con los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Si se confirma el uso de documentación apócrifa para la adquisición de bienes, la causa podría ampliarse a falsificación de instrumento privado y lavado de activos, lo que incrementaría significativamente las penas en expectativa.