Graves casos de organizaciones que operaban desde la cárcel reavivaron la discusión en Buenos Aires. ¿Qué resolvió la Justicia en la provincia de Mendoza?
Debate por los celulares en las cárceles: la situación actual en la provincia de Mendoza.
Foto: Yemel FilLa discusión por el uso de celulares en la cárcel volvió a instalarse luego de que un fiscal de Buenos Aires solicitara que se prohíba su utilización a raíz de los delitos cometidos por la "Banda del Millón" en el conurbano. A eso se sumó el caso del soldado muerto en Olivos, quien habría sido extorsionado por presos. ¿Qué dice la Justicia en la provincia de Mendoza sobre la utilización de teléfonos en los penales?
Distintas investigaciones a organizaciones criminales con operación desde las cárceles gracias a la disponibilidad de celulares en los complejos penitenciarios pusieron en el centro de la escena el debate por el uso de estos dispositivos por partes de los detenidos. Esta disputa ya se dio en Mendoza y la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor de la prohibición.
El caso del soldado Rodrigo Gómez que se suicidó en la Quinta de Olivos derivó en la detención de tres mujeres a las que se las acusa de extorsionarlo a través de aplicaciones, como también a otros tres hombres que operaban desde los penales de Magdalena y Olmos. Además, un fiscal pidió que se les quite los teléfonos a los reos, enfocado principalmente en la "Banda del Millón", una organización delictiva de Buenos Aires.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó en 2024 la prohibición del uso de celulares en las cárceles provinciales, tras resolver, por mayoría, una apelación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal (MPF). De esa manera, se inició un proceso para retirar todos los dispositivos que estaban asignados a distintos internos.
Esto con la excepción de casos en los que una interna tenga hijos o un preso/a que solicite el teléfono para una actividad determinada (estudio, tratamiento, entre otros). En ese caso, el Servicio Penitenciario le da el aparato para tal fin en una sala determinada.
En ese entonces la discusión judicial en la provincia surgió cuando caducó el Decreto de Necesidad y Urgencia realizado por el expresidente Alberto Fernández, en el contexto de pandemia de coronavirus, que permitía el uso de celulares en las cárceles, debido a la situación de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que imposibilitaba las visitas de familiares a personas detenidas.
En ese escenario, en enero de 2023, el juez de Ejecución Penal, actualmente suspendido por otras causas, Sebastián Sarmiento, ordenó quitar ese beneficio y prohibió el uso de dispositivos telefónicos en los distintos complejos penitenciarios. Entonces, el Ministerio Público de la Defensa apeló esa decisión. El caso llegó a la Corte, que rechazó los planteos de la defensa y ratificó el fallo de Sarmiento.
Posteriormente, el Gobierno comenzó la destrucción de 5.000 teléfonos celulares incautados en las cárceles mendocinas y anunció un nuevo sistema integral de control penitenciario que incluye control unificado de accesos, bloqueo selectivo de señales de celulares, nuevo sistema de videovigilancia e incorporación de equipos de radiocomunicación.
El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió a la justicia la prohibición del uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, enfocado especialmente en la "Banda del Millón", una organización delictiva que operaba en la zona norte del conurbano bonaerense. Los 40 detenidos en ese caso están acusados de haber cometido dos homicidios y una larga lista de robos violentos en esa zona, utilizando además a menores de edad, regenteados por los líderes que estaban encerrados, según informó Noticias Argentinas.
Según expresó Ferrari, los presos "planifican, dirigen y ejecutan delitos graves desde los propios establecimientos penitenciarios", utilizando los aparatos telefónicos para coordinar los asaltos y, en algunos casos, recibir transferencias bancarias. Es por eso que solicitó que se prohíba a los reos el acceso a teléfonos celulares, habida cuenta que mediante esos dispositivos continúan planeando distintos delitos. Además, pidió requisas diarias y la instalación de bloqueadores de señal en los penales.
Las tres mujeres continuarán detenidas, luego de que se les rechazó el pedido de excarcelación, acusadas de integrar la organización que extorsionaba a hombres a través de aplicaciones, uno de ellos, el soldado Rodrigo Gómez que se suicidó en la Quinta de Olivos. La medida fue tomada por la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en línea con lo dictaminado por el fiscal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.
La banda estaría integrada por otros tres hombres que operaban desde las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos. La organización habría operado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, y se le atribuyen, en principio, tres hechos, entre otros muchos pendientes aún de esclarecimiento, indicó Noticias Argentinas.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que los reclusos operaban desde la unidad penitenciaria, mientras que las mujeres eran las recaudadoras de la banda, las que iban a buscar el dinero que pagaban las víctimas de las extorsiones, por las cuales también habrían sometido a Gómez.
Arroyo Salgado, en tanto, afirmó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
La causa comenzó el 16 de diciembre pasado, luego del hallazgo del cuerpo del hombre de 21 años, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, quien se quitó la vida en el interior de una de las garitas de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia. El joven había dejado una carta en donde se despidió de su familia, les pidió perdón y expresó angustia por las consecuencias de haber sido víctima de la agrupación delictiva.