Tras un juicio civil, la justicia condenó a la Dirección General de Escuelas a pagarle una fortuna a la familia de un alumno accidentado en horario escolar.
La escuela técnica donde ocurrió el hecho que terminó con una condena a la Dirección General de Escuelas.
La Cuarta Cámara de Apelaciones de la Provincia de Mendoza dio vuelta un fallo de primera instancia y condenó a la Dirección General de Escuelas a pagarle más de $48 millones a la familia de un adolescente que sufrió heridas en horario escolar, mientras jugaba al fútbol en el establecimiento.
Las juezas modificaron en parte, el fallo de primera instancia, en el cual se había rechazado los daños denunciados por la familia del menor, como así también algún tipo de responsabilidad de la Dirección General de Escuelas en el accidente.
Es que, para las autoridades, el menor accidentado no había acatado las órdenes de sus superiores y en medio de ese caso omiso de las reglas, sufrió el accidente.
Sin embargo, para la cámara, aún si se probara durante el juicio este acto de desobediencia “las autoridades del colegio debieron adoptar las medidas pertinentes para hacer cesar la actividad en forma inmediata”.
El hecho en cuestión ocurrió el 26 de agosto del 2014 en la escuela Técnica Nº 1-112 Profesor Antonio Gurgi, cuando los alumnos de la tercera división de segundo año se encontraban entrenando para jugar un supuesto campeonato de fútbol.
En ese sentido, el menor sufrió un accidente en el cual un compañero cayó encima suyo, sufriendo la ruptura de dos ligamentos y una vértebra.
El diagnóstico indicó que existía una inestabilidad de raquis cervical, por lo que el joven debió someterse a un largo tratamiento y aún en la actualidad padece de algunas secuelas, según la demanda.
La familia del menor denunció que en el establecimiento “nunca respondieron por lo ocurrido”, aún cuando la madre del adolescente concurrió, en varias ocasiones, a la Dirección General de Escuelas
El primer tribunal que abordó el tema estableció que no se probó la existencia de un campeonato de fútbol, y en ese sentido, agregaron que estaba prohibido jugar al fútbol en la escuela, por lo que el adolescente había hecho caso omiso a las órdenes de sus superiores.
Entonces, la familia apeló este punto del fallo (sí se aceptó algunos daños ocasionados) y ahora la cámara redactó nuevamente la sentencia del juicio civil, ordenando una sentencia de $48.560.000, monto al que se le deberá sumar todos los intereses ocasionados desde el 2014 hasta la actualidad.
En los fundamentos, las juezas intervinientes aseguraron que la Dirección General de Escuelas no podía “beneficiarse con su propia desidia y menos oponer que constituyó un hecho imprevisible e inevitable”.