Fiscal imputó al piloto del avión venezolano.
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SUSCRIBITELa fiscal Cecilia Incardona imputó hoy al piloto del avión venezolano demorado en Ezeiza como sospechoso del delito de terrorismo, en medio de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que arribaron al país.
Se trata del piloto del avión venezolano de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, quien llegó al país a principios de junio.
En su dictamen, sostuvo: "Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo del avión venezolano a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización".
En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente ya suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.
Sobre el resto de la tripulación, 4 iraníes y 14 venezolanos, Incardona destacó que “existen inconsistencias en la información respecto de quienes componen la tripulación, lo cual será también profundizado en la investigación”.
De esta manera, se descarta que el juez mantendrá retenidos los pasaportes de todos los tripulantes y la prohibición de salida del país.
Por ultimo, la fiscal pidió indagar sobre la carga que transportaba el avión venezolano, “con la finalidad de verificar si coincide la operación comercial declarada con el contenido real de la mercadería que transportaba el avión”.
Según la documentación que tiene la Aduana, la carga pesó 47.882 kilos, repartida en 312 bultos, aunque el avión tendría una capacidad total de 80 toneladas.
El importador de ese envío fue SAS Automotriz. Esa firma comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. “La relación entre el forwarder (Fracht) y la compañía aérea para que las mencionadas piezas lleguen a la Argentina es algo que SAS Automotriz Argentina SA desconoce y no tiene relación alguna”, dijo a través de un comunicado.
Volkswagen también se desligó del avión desde el comienzo. Y la empresa de logística decidió echarle la culpa a Aerocharter México. “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre ese vuelo”, dijo a través de un comunicado. Sin embargo, Fracht hasta ahora no se presentó en el juzgado de Federico Villena.
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