En la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza también se avanzó con varios proyectos de relevancia local. El detalle de todo lo aprobado.
Si bien el foco de la jornada estuvo en el Congreso Nacional por el veto al financiamiento universitario, la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza avanzó con varios proyectos de relevancia local en la sesión de este miércoles.
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Por mayoría de votos, la cámara baja dio sanción inicial a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, unos inmuebles consistentes en tres polígonos propiedad de “Los Penitentes Centro de Esquí S.A.”, ubicados en el distrito de Uspallata, en Las Heras.
La iniciativa fue respaldada por los representantes de Cambia Mendoza y algunos bloques pequeños, y con la negativa del interbloque La Unión Mendocina y el Partido Justicialista, y las abstenciones de Gustavo Cairo (LLA) y Mauro Giambastiani (MM).
Se trata de un nuevo episodio de la polémica que generó la expropiación de seis de los nueve polígonos que componían el predio del exCentro de Esquí.
Al momento de la presentación del proyecto por parte de la titular del EMETUR, Gabriela Testa, la funcionaria manifestó que los polígonos en cuestión son La Herradura, “que es el restaurante que tenía la Sociedad Penitentes S.A., que se dejó con la intención de que la pusieran en funcionamiento, aunque nunca se puso en marcha. El otro es un espacio, un sendero de circulación, que le complica mucho la vida a los que tienen departamentos ahí en la zona, y había quedado una línea tan fina, que había quedado pendiente, y hay un terreno mucho más grande, que en realidad no es que sea necesario para el desarrollo hoy del Centro de Alta Montaña Los Penitentes, pero es para ya desvincular a la Sociedad Penitentes S.A. de ese espacio, porque evidentemente no tienen voluntad de explotar comercialmente lo que les quedó a ellos, y también dificultan la explotación de otros”.
En ese sentido, se subraya que volver a poner en funcionamiento el centro de actividades de montaña, “contribuye a la activación de sectores de la economía provincial, ello significaría oportunidades laborales para los habitantes locales, de las zonas aledañas e incluso de mano de obra que habita en la ciudad de Mendoza. Sin perjuicio de la imprevisibilidad climática, que no siempre garantiza nieve en el lugar, hace necesario considerar otras actividades tales como mountain bike, descenso, escalada, tirolesa, running, etcétera”.
Desde el gobierno provincial resaltan también al respecto, el valor de la actividad turística como prioritaria dentro de las políticas de Estado “por su función socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo de la Provincia”.
También obtuvo media sanción la creación del Régimen de promoción de inversiones para el desarrollo sostenible de zonas turísticas.
La finalidad es impulsar el desarrollo de las zonas comprendidas como Montañas, Oasis Uspallata, Piedemonte Uspallata, Norte Precordillera, Sur Macizo San Rafael, Sector de Huayquerías y Payunia, según la denominación establecido en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, para contar con “una herramienta de crecimiento a largo plazo ya que genera condiciones que harán atractivas las inversiones en las zonas determinadas”, subrayan los fundamentos.
El proyecto prevé exenciones fiscales para las inversiones a realizarse en dichas zonas por un plazo determinado, y que el Estado pueda otorgar un aporte que se dividirá en las modalidades de aportes no reembolsables y aportes con sistema de recupero.
Asimismo, se contempla la autorización de concesiones de hasta 50 años en caso de procesos licitatorios para proyectos de desarrollo previstos en tierras fiscales en estas zonas, siempre y cuando el plazo de la concesión sea un factor determinante para la realización de la inversión, “resultando proporcionado al nivel de las inversiones requeridas y al más adecuado cumplimiento de la concesión”.
También se otorgó media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se promueve la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento – EPAS -.
La votación fue por mayoría, con el acompañamiento del interbloque de Cambia Mendoza (UCR, PRO Libertad, Unión PRO); el bloque PRO (del interbloque LUM) – Laura Balsells Miró, Stella Huczak, Jimena Cogo y Cintia Gómez –, Gustavo Cairo (LLA) y Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza).
En el articulado del proyecto, se le asignan funciones y atribuciones de ese organismo al Departamento General de Irrigación, entre las que se cuentan la de controlar la ejecución de los planes y programas de inversión por los operadores del sistema; controlar el régimen de explotación propuesto por los operadores, en particular el régimen tarifario; proponer al Poder Ejecutivo las tarifas de los servicios, como también las bases para su revisión; establecer y aplicar los procedimientos de control de los servicios, y resolver los conflictos que surgiesen entre los usuarios, los operadores del servicio y terceros.
También, elaborar un informe anual sobre el estado del servicio público del agua y de saneamiento en el territorio provincial para elevarlo al Poder Ejecutivo y a la Legislatura; implementar un sitio web relativo al programa de información al usuario: coordinar su gestión con los organismos con competencia hídrica, sanitaria y ambiental, y – a propuesta de los legisladores -, coordinar la política hídrica de la Provincia, con el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, entre otras.
Asimismo, contempla los recursos que estarán a cargo de Irrigación como nuevo Ente Regulador; aspectos sobre el servicio público determinando que comprende la producción, distribución y comercialización de agua para abastecimiento de la población (incluida la potable), desagües cloacales e industriales, estableciendo además bajo su órbita el control de la calidad y potabilidad de las aguas destinadas al abastecimiento de la población, la determinación y control de los niveles de calidad de emisión de las aguas residuales, verificando que estas permanezcan dentro de las normas físicas, químicas y biológicas que se determinen.
Por otra parte, en relación a las tarifas, el articulado señala las pautas tarifarias a las que se ajustaran los operadores será en base a los principios generales de atender a objetivos económicos, sociales y ambientales, procurando en este caso el sostenimiento y promoción de los espacios verdes vinculados directamente con la prestación, y reflejar los costos de operación, mantenimiento, inversiones en expansión y renovación del sistema y amortización de los servicios y, en caso de corresponder, una retribución razonable para el operador, en el contexto de una administración eficiente.
En relación al personal del EPAS, señala que se ofrecerá a los trabajadores en relación de dependencia una alternativa definitiva, según distintas variables.
Por otra parte, Diputados dio sanción final al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se deroga la Ley 9133 - Registro de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas -.
El proyecto dispone, además de derogar la Ley, que los establecimientos que reciban materias primas cuyo fin sea su industrialización, acopio y/o transporte, entregarán a los productores primarios en el momento de recibir la materia prima, un recibo o documento equivalente, en el que constarán las cantidades de materia prima recibida, calidades, precio pactado y forma de pago convenida de la transacción”.
Además, establece que el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Agricultura, “deberá difundir toda la información relacionada a las principales actividades agropecuarias de la Provincia, en base a los datos recolectados por los distintos Organismos de Gobierno. Estos informes serán de acceso general y gratuito y tendrán como objeto dotar a todos los actores de las actividades alcanzadas con datos precisos y oportunos que faciliten la toma de decisiones”.